Cuentas públicas

La desaceleración en la recaudación tributaria durante el primer cuatrimestre de este año no va a impedir, según el Gobierno, alcanzar el objetivo de equilibrio presupuestario al final de año para el conjunto de las administraciones públicas. El superávit, que en términos de contabilidad nacional alcanzó algo más de un billón de pesetas en esos cuatro meses, se queda en un pequeño déficit de 3.000 millones cuando se mide por criterio de caja. Es una evolución satisfactoria que aporta un superávit en las arcas del Estado similar al de igual periodo del año anterior en términos de PIB, pero en modo alguno extrapolable al conjunto del ejercicio económico.

Si el debilitamiento del crecimiento económico en Europa se acentúa, la economía española puede acusarlo en mayor medida que hasta ahora. La consecuencia más inmediata será una caída en la recaudación, pero ya no sólo de la imposición indirecta, como la percibida hasta abril de este año a raíz del menor consumo, sino en las figuras impositivas que giran directamente sobre la renta de las personas o el beneficio de las empresas. El menor ritmo de creación de empleo ya observado en los tres primeros meses y la relativa moderación salarial no permiten un excesivo optimismo sobre la generación de ingresos directos. Alcanzar el déficit cero propuesto va a exigir, por tanto, un esfuerzo mayor en el ajuste presupuestario de las restantes administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos. Una tarea que en algunas de ellas no será precisamente fácil.

La estabilidad presupuestaria es conveniente y sobran evidencias que aconsejan su asunción como principio guía en la Administración pública, pero eso no es sinónimo de necesidad absoluta de cuadrar los ingresos con los gastos públicos. La posición cíclica de las economías o los déficit de dotación de capital público deberían actuar como mecanismos más que matizadores de esa suerte de obsesión aritmética. Las dificultades que está encontrando el Gobierno para el apoyo del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria y su correspondiente traslación a las comunidades autónomas, incorporando literalmente esa pretensión de equilibrio presupuestario, parece derivarse de la desconfianza, más que de los deseos de flexibilidad y prudencia que han de guiar las actuaciones en cualquier nivel de gobierno o la necesaria adecuación a las exigencias derivadas de nuestra pertenencia al euro.

La lógica económica más estricta, la regla de oro de las finanzas públicas, indica que la buena administración no sólo no está reñida con el endeudamiento, siempre y cuando sea para un destino claramente productivo, sino que en ocasiones es realmente lo aconsejable, especialmente en aquellas regiones o países en los que hay un déficit de capital público importante. Sería deseable que la tramitación parlamentaria de ese proyecto de ley posibilitara un debate más rico que el de la pura intransigencia. La pedagogía presupuestaria no pasa necesariamente por la prohibición de gastar, sino por hablar de la eficacia de ese gasto.