De las ciudades andaluzas y de su gobierno

En los últimos meses han aparecido, con mayor o menor amplitud, en declaraciones y artículos de opinión, cuestiones relacionadas con las ciudades andaluzas. Algunas de ellas son bien conocidas: el tratamiento de las denominadas grandes ciudades, el estatuto de capitalidad, la comarcalización... La mayor parte de las veces son intervenciones más nominalistas que de contenido esclarecedor, y en algunos casos, utilizadas para adornar unos determinados intereses más que para aportar algo a un necesario debate. Más allá de esas intervenciones, hablar de las ciudades andaluzas y de su gobierno, es decir, los 770 ayuntamientos, las 8 diputaciones más otros tantos entes -mancomunidades, consorcios, organismos administrativos y empresas públicas locales-, que configuran el sector público local en Andalucía, puede dar pie a un debate que, en el actual contexto social y económico, no puede reducirse a cuestiones de interés puntual.

Quizás sea bueno introducir elementos de análisis que permitan situar los diferentes matices que el tema tiene. Sobre todo, para que sean los propios ciudadanos quienes conozcan las claves del mismo y no se siga planteando en términos que, posiblemente, no sean de su interés. Para empezar, hay que decir que dado que el mapa municipal andaluz es desigual en tamaño, localización y condiciones de gestión, habría que reconocer que las realidades ciudadanas son desiguales. Pero hay problemas comunes. De este modo podría entenderse cómo muchos responsables locales andaluces miran con preocupación cuando se habla de las reivindicaciones de las grandes ciudades. Expresión ésta que, por otra parte, habría que relativizar, para no parecer soberbios, dados el contexto europeo y el sistema de ciudades de la globalización en los que nos movemos.

En igual sentido, pero mirando a los pequeños municipios, habría que decir que los costes de prestación de los servicios públicos locales, trufados las más de las veces con bajas capacidades fiscales, hacen cada vez más difícil mantener el necesario equilibrio presupuestario, y, por tanto, sugieren la recomendación de una prestación supramunicipal de dichos servicios.

Tanto para unos como para otros parece razonable apostar por un sistema de apoyos y de solidaridad entre los territorios, y recomendable que introduzcamos cualquier debate por este punto de partida. Igualmente, sería bueno reconocer algo que los ciudadanos viven día a día: el modelo de administración local que se establece en la década de los ochenta hace aguas. Lo hace en términos de la prestación de los servicios -con excepciones, que existen-, ya que el nivel de infraestructuras y equipamientos básicos municipales está cubierto- y los problemas comienzan cuando los ciudadanos comienzan a demandar otras cosas para las que no se adecuó el sistema de ingresos de la Administración Local.

Así, hablar hoy de gobiernos locales que trabajen en desarrollo local, que se preocupen por la sostenibilidad medioambiental, que hagan planificación estratégica, no es nada extraño. Pero para eso no estaba pensado el modelo. Bien lo saben ya muchos alcaldes, que comienzan a necesitar nuevos horizontes de validación electoral, porque aquéllos con los que resultaron elegidos comienzan a girar cada vez más hacia una diferente gestión de los asuntos ciudadanos. Este proceso se complica por la aparición de una serie de anuncios desde Madrid -supresión del Impuesto de Actividades Económicas, anteproyecto de Ley de Estabilidad de Presupuestaria, borrador de Ley de Grandes Ciudades- que invitan a pensar que se pretende un modelo de administración local ceñido exclusivamente a la prestación de servicios y con ello la quiebra del modelo de cooperación de los gobiernos regionales con sus ciudades.

En este contexto podemos introducir en el debate nuevas cuestiones, pero, seguramente, ninguna de ellas responda en la actualidad ni a las preocupaciones de los responsables de los gobiernos locales ni al interés de los ciudadanos. A estas alturas de la historia reciente de los ayuntamientos hemos aprendido bastante acerca de lo que unos y otros entienden por gobernabilidad local: ciertamente hay que garantizar los recursos, básicamente presupuestarios, pero muchos reconocen que se necesita un nuevo liderazgo de la comunidad, basado en otros objetivos, y sin el cual poco puede hacerse para gobernar las ciudades. Seguramente faltan nuevos instrumentos, tanto hacia dentro -para afrontar nuevas políticas públicas- como hacia fuera -para organizar mejor la cooperación entre los territorios, sin que esto suponga pintar más líneas en el mapa andaluz-. Por eso, quizá sea bueno recordar, como punto de partida para entender las singularidades, que los asuntos de las ciudades tienen un nivel de preocupación común.

Alfonso Yerga Cobos es director general de Administración Local de la Consejería de Gobernación.