La Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia pide la retirada de la ley universitaria

El texto acordado por la Junta de Gobierno -que será enviado a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)- manifiesta el rechazo de la Universidad de Valencia al anteproyecto de ley presentado por el ministerio 'por ser excesivamente reglamentista y porque no aporta soluciones a los problemas actuales de la universidad española'.

El comunicado, que fue leído en conferencia de prensa por el rector Pedro Ruiz Torres, afirma que 'el anteproyecto deja entrever una visible desconfianza hacia la universidad pública y atenta al principio constitucional de autonomía univesitaria'. Al respecto, el rector puntualizó que varios de los rectores españoles, que son expertos en Derecho Constitucional, plantearon el lunes en la asamblea de la CRUE, que podría, incluso, ser inconstitucional.

El acuerdo valenciano servirá de base, junto a otros documentos de diferentes colectivos y universidades, para que la CRUE los incorpore a una nueva ponencia que se elaborará a partir de la próxima reunión fijada para el día 30, fecha que inicialmente se había propuesto el ministerio para cerrar el debate. Sin embargo, debido a la batería de alegaciones, como las del Grupo 7 de universidades, de las universidades de Andalucía y Cataluña, de diversos grupos de estudiantes o el reciente Manifiesto de la Comisión Interestamental de la Universidad de Valencia, el secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, ha flexibilizado el plazo hasta el 15 de junio.

La ampliación de los plazos, sin embargo, parece haber llegado tarde y mal. En el actual contexto de firme oposición a la LOU -expresada el lunes por la noche por 50 universidades públicas y 11 privadas- la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia, así como las universidades catalanas y andaluzas, lo que se plantean seriamente es que la CRUE tramite la retirada total del anteproyecto. 'El documento tiene tantos aspectos criticables y ha provocado tanto grado de rechazo', subrayó Ruiz, 'que requiere iniciar otro proceso'. 'No se puede mantener un documento que ha provocado un rechazo tan unánime de la comunidad universitaria', insistió.

La Universidad de Valencia fue especialmente dura ayer al sostener en el documento acordado que la reforma universitaria planteada por el Gobierno popular 'fomenta la intromisión del poder político en la gestión académica de las universidades y reduce, cuando no anula, la representación de una parte de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno propuestos, lo que supone un paso atrás en la democratización de la universidad'. Ruiz señaló, además, que la reducción del número de representantes de los estudiantes en las juntas de Departamento, por ejemplo, entra en franca contradicción con la apuesta europea de fomentar la participación estudiantil, como recoge la Declaración de Praga suscrita por los ministros de la Unión Europea.

En opinión de los miembros del gobierno de la Universidad de Valencia, la nueva ley 'no favorece la mejora en la selección del profesorado e imposibilita tanto la carrera académica como la administrativa, congruentes con el nivel de calidad que se exige en la universidad'. Además, plantea 'un modelo de selección del profesorado que 'no resuelve los problemas actuales, sino que los agrava'. Asimismo, la concepción de la organización de la docencia y la investigación 'establece un dirigismo contrario a las tendencias que predominan en el marco europeo, en el que deberían estar integradas'.

También cuestiona 'el sistema de acceso a la universidad que puede poner en peligro el principio democrático de igualdad de oportunidades'. Por último, la junta censura que 'no contempla un marco de financiación adecuado y suficiente que homologue la inversión pública española a la de otros países europeos'.

Por su parte, la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia conocerá hoy un informe del rector Justo Nieto sobre la reforma, que servirá de base para analizar la LOU y acordar una posición.