El fiscal recurrirá contra la exculpación de un edil por el naufragio de Banyoles

La Fiscalía de Girona está dispuesta a presentar recurso ante el Tribunal Supremo porque tiene el convencimiento de que el Ayuntamiento de Banyoles tiene alguna responsabilidad en el naufragio de la embarcación que costó la vida a 21 jubilados franceses el 8 de octubre de 1998. El Ayuntamiento, por su parte, sigue empeñado en que el Ministerio de Fomento rinda cuentas por el naufragio, aunque ya no hay posibilidad de que sea imputado en la causa.

La convicción de la fiscalía de que la Administración local es responsable no se ha visto reducida por la reciente resolución de la Audiencia de Girona, en la que exculpaba al concejal Josep Alsina. El consistorio ha recibido con alivio esta decisión, aunque continúa defendiendo que la Marina Mercante es la que tenía la competencia de la navegación en el lago. El Ayuntamiento ha interpuesto dos contenciosos, uno en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otro en la Audiencia Nacional, en los que pretende demostrar que la Administración central es responsable porque llegó incluso a redactar un reglamento con el objetivo de ocultar sus responsabilidades en el naufragio ocurrido en Banyoles.

El fiscal del caso y los representantes legales de las familias de las víctimas son críticos con la resolución exculpatoria de la Audiencia de Girona, en la que se argumenta que no puede acusarse de un delito de omisión al edil de Banyoles. La Audiencia estima que la responsabilidad de Alsina desaparece cuando los propietarios de la embarcación, además de practicar unos agujeros en la popa de la nave que entrañaban riesgo de naufragio, sobrecargan la embarcación hasta el punto de hundirla.

El ministerio Fiscal ha formulado una petición de aclaración ante la Audiencia en la que argumenta que el recurso de apelación se presentó cinco días fuera de plazo. La jurisprudencia no es clara respecto a la posibilidad de que un recurso como el anunciado por el fiscal pueda ser aceptado y analizado por el Supremo.

'Traje a medida'

Por su parte, el Ayuntamiento de Banyoles continúa su batalla jurídica contra la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. Pere Bosch, alcalde de la localidad, mantiene que el 'Reglamento de despacho de buques' con fecha del 2 de febrero de 2000, más de un año después del naufragio, no es más que 'un grosero movimiento para eludir responsabilidades'. En opinión de Lluís Pau, letrado del consistorio, esta reglamentación es 'un traje a medida' en el que se excluye el control de la navegación en aguas no marítimas. Pau explica que el control, se realizara o no con eficacia, estaba en manos de la Marina Mercante.

El consistorio argumenta en sus dos ofensivas judiciales que los ayuntamientos sólo dispensan licencias para ocupar privativamente las aguas, pero que los ingenios que navegan por ellas 'ni los deben ni los pueden controlar'. Joan Solana, que ejercía de alcalde durante el naufragio, asegura que el caso es comparable al de una calle por la que pasan vehículos. 'El ayuntamiento pone el asfalto y decide las direcciones, pero no inspecciona la seguridad mecánica de los coches que circulan por la calle', advierte.