Los conservadores denuncian que las propuestas de Blair incrementarán la presión fiscal

Tony Blair escogió ayer un escenario simbólico para enunciar los objetivos fundamentales de su prometida reforma de los servicios públicos británicos. A bordo del llamado autobús de batalla, se detuvo en Gravesham, una circunscripción del sur de Inglaterra en la que, desde 1928 y con sólo dos excepciones hasta la fecha, ha ganado el candidato que luego logró la victoria electoral. La contienda en esta zona del Támesis tiende además a limitarse a las dos formaciones principales, laboristas y conservadores, y a la práctica anulación en las urnas de los liberal-demócratas.

'La elección es clara', dijo Blair a la audiencia de simpatizantes laboristas. 'Auge y estabilidad de la economía, inversión y reforma radical de los servicios o, por el contrario, acelerón y parón económico acompañado por un retorno de los recortes en inversión'. El primer ministro retomó la controversia suscitada por un alto responsable del equipo del líder conservador William Hague al fijar, días atrás, el alcance de los recortes fiscales prometidos por los tories en 20.000 millones de libras (unos 5,3 billones de pesetas) -oficialmente son 4.000 billones de libras- para el final de la próxima legislatura. 'Es imposible mantener este nivel de recortes sin perjudicar los colegios, los hospitales...', advirtió Blair.

Los laboristas se han comprometido a no elevar el impuesto sobre la renta, pero son vulnerables a renovadas acusaciones sobre las vías de financiación de su prometida inyección en los servicios públicos. Respaldado por un batallón de más de un centenar de empresarios, Hague sugirió ayer que un segundo gobierno neolaborista subirá las contribuciones de la seguridad social y otros impuestos indirectos para cuadrar las finanzas estatales. Pero entre los nuevos simpatizantes tories, que ayer expresaron temor de perder competitividad con las propuestas de Blair, se echan en falta genuinos líderes como Chris Gent, director general de Vodafone, la mayor compañía británica y líder mundial en telefonía móvil. Gent ha apoyado a los conservadores en el pasado pero el hermético rechazo del euro le lleva en esta ocasión a mantener las distancias.

Blair, en cambio, no duda de que los británicos desean inversión y mejora de los precarios servicios públicos. 'Queremos acelerar el ritmo de reforma', reiteró ayer. Para ello, se concentrará en tres objetivos: alto nivel de calidad, protagonismo de los 'consumidores' y retorno del poder al 'personal de primera línea', es decir, a los funcionarios. Cuando vuelva a Downing Street, el primer ministro ofrecerá 'diversidad' en el tipo de escuelas y romperá las barreras de 'demarcaciones obsoletas' en las funciones de médicos de cabecera, enfermeras y especialistas de la sanidad pública.

La maquinaria gubernamental devolverá el poder a sus protagonistas, desde hospitales a ambulatorios, colegios y profesores, que controlarán hasta el 90% de sus respectivos recursos. En la balanza entre poder central y autonomía local girará el éxito de la reforma neolaborista ya que, en algunas instancias, como las citas hospitalarias, el sistema se gestionará desde un centro nacional. A grandes rasgos, sin embargo, cuanto más eficiencia y calidad demuestre un proveedor de servicios, más autonomía disfrutará, prometió Blair. 'Las alianzas con los sectores privado y voluntario serán importantes en la creación de la diversidad en la provisión de servicios'.

'Algunos asumen', continuó, 'que sólo hay dos vías de dar servicios: completamente en el sector público o completamente en el sector privado. Esto es una tontería. En el mundo real, casi todos los servicios públicos mantienen contratos con socios privados. Lo que importa es la calidad y el valor de los servicios que se ofrecen', defendió.

En el refuerzo de la iniciativa privada, que ya está presente en todos los terrenos de la vida británica, como la educación, el transporte, el empleo o la sanidad, girará la gestión de un segundo gobierno Blair. Sin oposición política -el credo conservador apuesta por la privatización gradual de los servicios-, el debate deberá encauzarse a delimitar las fronteras reales del Estado británico.