La Audiencia aplaza su decisión sobre la extradición de 'Superlópez' a Estados Unidos

La Audiencia Nacional decidió ayer abrir un plazo de deliberación sin fecha para decidir si concede o no la extradición a Estados Unidos del industrial vasco José Ignacio López de Arriortúa, acusado de un supuesto delito de espionaje industrial, robo y revelación de secretos tras su paso de la multinacional estadounidense General Motors a la alemana Volkswagen.

López de Arriortúa, de 60 años de edad, compareció ayer ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que debe decidir sobre su extradición a EE UU para que sea juzgado allí. Durante su declaración, Arriortúa, también conocido como Superlópez, se negó a ser extraditado porque, dijo: 'Soy español, no confío en la justicia americana, y las acusaciones son falsas'. Añadió: 'Los médicos dicen que no estoy bien'.

Aseguró que se enteró de las acusaciones de GM a través de los periódicos. 'Dice que he cogido una patente de General Motors y se la he dado a Volkswagen, pero yo he sido quien ha inventado esa patente', afirmó.

Superlópez mencionó el accidente de tráfico que sufrió en 1998 en Burgos y que le hizo permanecer tres meses en coma. 'Desde entonces estoy en tratamiento psiquiátrico y los 11 doctores que me han examinado han dicho que, debido a mis cambios de memoria, no puedo ser juzgado'. En el transcurso de su declaración, que traía escrita y provocó la hilaridad del público y del propio tribunal en varias ocasiones, señaló que su estado de salud ha provocado que el Juzgado número dos de Gernika (Vizcaya) le haya declarado incapaz y consecuentemente haya ordenado la cancelación de todas sus cuentas bancarias, cuya titularidad ha pasado a su esposa.

Informes médicos

Los médicos que han elaborado informes sobre el estado de salud de Arriortúa coincidieron en señalar que no se encuentra capacitado para afrontar un juicio porque sufre trastornos en su personalidad y tiene lagunas de memoria. No fue de la misma opinión el psicólogo americano que lo examinó a instancia de las autoridades de EE UU.

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, favorable a la extradición, admitió que la personalidad del reclamado ha podido cambiar, 'pero tampoco se ha visto modificada de manera tan sustancial como para no poder ser juzgado'.

De ser favorable la Sala a la extradición, será el Consejo de Ministros el que tenga la última palabra. La petición de extradición se basa en la acusación de un gran jurado de Detroit (Michigan) en la que aparecen seis imputaciones contra el industrial, entre ellas la de fraude y transporte interestatal de propiedad robada, que en la legislación española equivalen a los delitos de apropiación indebida o robo y revelación de secretos.