Estado e Iglesia
Imagino que no debe ser cómoda la posición de la profesora de religión de Almería, amenazada de despido por el obispo del lugar. Estar en portada de periódicos enfrentada a su autoridad religiosa no es plato de gusto para una docente de la materia y sobre la cual el señor obispo es autoridad religiosa natural. Sin embargo se ha convertido en ejemplo de la situación paradójica y absurda que existe desde su origen en la forma de insertar la materia de Religión en las escuelas e institutos y que por algún lado tendrá que resolverse. Este caso andaluz no es único para mostrar la sinrazón de un sistema acordado hace varios años para intentar precisamente sofocar batallas religiosas entre el Estado y la Iglesia. Nadie quiere batallas de este tipo, pero un Estado constitucional y laico no puede asistir impávido a este tipo de agresiones a la cultura cívica consensuada por la ciudadanía.
¿Podría ser despedida una profesora de matemáticas por divorciarse o casarse con un divorciado? ¿Podría acaso el director de una empresa amenazar de despido a un trabajador por una determinada conducta privada? Obviamente la respuesta unánime será que en ambos casos es imposible el despido legal y que cualquier juez rechazaría la demanda de la empresa. Por el contrario, la Iglesia pretende elaborar una doctrina laboral propia basada en sus propias ideas religiosas, respetables por otra parte. Y eso es lo inaudito del caso y por lo que no se debería pasar desde cualquier posición civil, sindical, jurídica. Ningún ciudadano que comprende la división entre Estado e Iglesia podría ser transigente con este escándalo. La Iglesia no puede imponer su estatuto laboral por encima del estatuto de la sociedad civil y del Estado. Entre otras cosas porque en este desgraciado hecho ella no es precisamente empresa. Quien contrata al profesor de religión es el Estado. Por ello, debería solucionarse la incongruencia de que sea la Iglesia quien proponga al trabajador y el Estado quien contrate y pague. Si quiere tener sus profesores de religión, debería ser la Iglesia quien propusiera, contratara y pagara. Y que la magistratura entendiera de conflictos entre empresa y trabajadores.
