Ventajismo constitucional
La Constitución Española descansa en múltiples compromisos de naturaleza política, pero de todos ellos el más difícil de alcanzar fue el reflejado en el artículo 2. Dicho artículo expresa el compromiso entre dos interpretaciones de la historia de España que habían venido enfrentándose desde hacía varios siglos, sin que hubiéramos sido capaces de encontrar un punto de encuentro entre ambas. Para unos, España es una nación única; para otros, España es una realidad plurinacional. El constituyente resolvió el enfrentamiento afirmando el principio de unidad política de la nación española, pero condicionando su vigencia real y efectiva al ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.
Adolfo Suárez consiguió, en una inteligente negociación con Josep Tarradellas, incorporar al nacionalismo catalán a ese compromiso constituyente desde el principio. El nacionalismo vasco no lo rechazó expresamente, pero tampoco lo aceptó. Se mantuvo en una posición de desconfianza que sería superada en el otoño de 1979 con la negociación, también dirigida personalmente por Adolfo Suárez, del Estatuto de Autonomía. El nacionalismo vasco, que era la única parte de la constitución material de España que había quedado fuera del consenso constituyente, se incorporó al mismo a través del Estatuto de Gernika. Políticamente no fue con la aprobación de la Constitución, sino con la del Estatuto vasco, con la que se cerró el proceso constituyente. A partir de ese momento no quedaba ninguna parte significativa de la sociedad española fuera de la Constitución.
Este compromiso se alcanzó en el proceso constituyente, pero tiene que ser renovado constantemente. No hay, posiblemente, tarea más importante para el Gobierno de la nación y para los de las comunidades autónomas que la de mantener vivo dicho compromiso y hacerlo operativo mediante el ejercicio de la parte de poder de la que cada uno dispone. Pero, sobre todo, para el Gobierno de la nación. Ésa fue, en mi opinión, la aportación más importante de Adolfo Suárez al proceso constituyente. Y ésa tiene que continuar siendo la aportación más importante de quien ocupe la presidencia del Gobierno en cada momento. De ello depende la estructura del Estado y una convivencia no impuesta entre las diversas 'nacionalidades y regiones' que componen España.
En la renovación de este compromiso no han faltado momentos de tensión, pero nunca había sido puesto en cuestión en cuanto tal desde 1979. Ha sido puesto en cuestión por primera vez durante la primera legislatura en la que José María Aznar ha sido presidente del Gobierno y lo está siendo todavía más en el comienzo de esta segunda. La deslealtad con que el PNV y el PP se han comportado entre ellos y respecto de todos los demás ha sido inmensa. La apuesta de Lizarra por parte del PNV, independientemente de que se hiciera con buena voluntad, supuso una ruptura del compromiso constituyente. De la misma manera que lo ha supuesto también la 'cruzada antinacionalista' desatada por el PP aprovechando el error del PNV.
En lugar de intentar conseguir la rectificación del PNV y de facilitar su reincorporación al consenso constitucional, una vez que dicho partido había dado 'por muerto' el Pacto de Lizarra, el Gobierno y el PP han hecho un uso ventajista de la Constitución que acentuaba todavía más la exclusión de la misma del nacionalismo vasco.
Afortunadamente, los electores han puesto las cosas en su sitio. A EH, en primer lugar, pero también al PP. No se puede no aceptar la Constitución y el Estatuto como marco de referencia de la acción política. Pero tampoco se puede expulsar al nacionalismo vasco de la Constitución, porque es materialmente parte de la misma. La autocalificación de algunos partidos como constitucionalistas ha sido un disparate que es de esperar que desaparezca para siempre. No hay mayor manifestación de ventajismo constitucional que ése.
