El Gobierno pone fin al monopolio de Telefónica en la Administración

La comisión de subsecretarios, el estamento inmediatamente anterior al Consejo de Ministros, aprobó ayer el borrador de real decreto que regulará las 'especialidades' de la contratación de servicios de telefonía fija y móvil, Internet y transmisión de datos en los departamentos ministeriales y organismos dependientes de la Administración central. El real decreto se aprobará, probablemente, mañana.

La iniciativa, que ha sido promovida por el Ministerio de Hacienda, pretende establecer un cierto control sobre el gasto en telecomunicaciones, coordinar la gestión de estos servicios en los distintos departamentos, acabar con el monopolio de facto que disfruta Telefónica e impulsar la competencia entre operadoras.

La nueva normativa obligará a los distintos ministerios a elaborar un plan director de telecomunicaciones con vigencia para los cinco años siguientes a la aprobación del decreto. Esos planes se revisarán cada año para acoger las innovaciones tecnológicas que vayan surgiendo y serán coordinados por Administraciones Públicas. El departamento de Jesús Posada será el encargado de garantizar que las ofertas y los sistemas elegidos por cada ministerio son compatibles entre sí y actuará como central de compras en una posible negociación.

En la actualidad, la situación de las telecomunicaciones en la mayoría de los ministerios y organismos dependientes es caótica, según fuentes de la propia Administración. De hecho, ni siquiera existen cifras oficiales sobre el gasto anual en telecomunicaciones, debido, sobre todo, a la dispersión de departamentos que se han ocupado tradicionalmente de su contratación. Fuentes de Hacienda estiman que sobrepasa los 50.000 millones de pesetas, pero reconocen que puede ser muy superior dado el incremento registrado en el consumo de telefonía móvil e Internet en los últimos años. Esa situación ha impedido que la Administración se beneficie de la apertura del sector a la competencia y que los nuevos operadores accedan a un mercado muy jugoso, con contratos a largo plazo y con capacidad de abrir otras muchas puertas.

De hecho, gracias a su condición de antiguo monopolio, Telefónica mantiene el grueso de la gestión de los servicios de telefonía fija, transmisión de datos e Internet y desde la liberalización del sector en 1998 lo único que se ha conseguido, en la mayoría de los casos, es renegociar con la antigua operadora estatal ligeras modificaciones de precios, control de calidad y mantenimiento o reposición de los equipos. Durante la presidencia de Juan Villalonga (1996-2000), Telefónica llegó a reclamar a la Administración deuda de 35.000 millones de pesetas por consumo telefónico.

Con todo, algunos ministerios se han anticipado a la aprobación del real decreto. Es el caso de Hacienda, que dejó la gestión de la telefonía de la dirección general del Tesoro en manos de Retevisión, o de la dirección general de Patrimonio del Estado, que traspasó la red de comunicaciones de Paradores al segundo operador tras un concurso disputado por Telefónica y la británica BT. Otros organismos y empresas públicas como Renfe, la Comisión de Telecomunicaciones o las universidades Autónoma y Complutense de Madrid también han resuelto concursos en favor de Retevisión y en detrimento del antiguo monopolio. Defensa también tiene listo su plan de comunicaciones y probablemente sea de los primeros aprobados con el nuevo régimen.

Electricidad y carburantes

La iniciativa en telecomunicaciones se ha tomado anteriormente en otras áreas liberalizadas como combustibles y electricidad. El gasto de la Administración en esos tres capítulos se estima cercano a 150.000 millones anuales.

En el caso de los combustibles, el resultado ha sido inapreciable debido a la ausencia de diferencias entre las ofertas presentadas por las distintas distribuidoras de carburante para la Guardia Civil, Policía o Parque Móvil. En materia de electricidad, el ahorro fue de 1.800 millones en 2000. Más alentadora resultó la contratación centralizada en Patrimonio de material (desde ordenadores y coches hasta papel y bolígrafos), que permitió ahorrar 6.400 millones. En estos ámbitos, la convocatoria de concursos responde a un acuerdo de Gobierno de marzo de 1999, promovido por Economía y dirigido por Patrimonio.