Los rectores catalanes creen que el proyecto de ley de universidades devuelve competencias al Gobierno

Los rectores de las universidades de Barcelona (UB), Autónoma (UAB), Politécnica (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Lleida (UdL), Girona (UdG) y Rovira i Virgili (URV) hicieron público ayer un comunicado conjunto en el que denuncian que el proyecto del Gobierno del PP es 'monolítico y uniformista' y va en dirección contraria de las necesidades actuales de las universidades públicas. Según los rectores, la única esperanza que suscita el texto es que la excesiva reglamentación que prevé 'hace suponer que el control y el seguimiento será poco eficaz'.

El marco jurídico que quiere imponer el Gobierno del PP 'respira desconfianza hacia la universidad pública' y 'es un marco de restricciones más que de libertades', sostienen los rectores, quienes consideran que el modelo de la ministra es 'uniformista para las universidades públicas, centraliza funciones e incluso abre las puertas a la recuperación, por el Gobierno central, de competencias propias de las autonomías'.

Los rectores de las universidades públicas catalanas añaden que el modelo que pretende imponer la ministra Del Castillo entra abiertamente en contradicción con el proceso de construcción de un espacio europeo de enseñanza superior que, precisamente, debe concretarse este fin de semana en Praga en la Conferencia de Ministros de Educación, en la que está previsto que se apruebe el modelo de créditos y ciclos, así como los sistemas de evaluación y homologación del futuro sistema universitario europeo, un proceso que se inició en Bolonia en 1998.

Según el comunicado, el proyecto del PP 'no da ningún paso adelante en la perspectiva de la construcción del espacio europeo de educación', sino que 'se aleja con el sistema de doble homologación de títulos'. El texto, añaden, 'retrotrae a fórmulas largamente superadas' y establece una barrera 'difícilmente superable' para que profesores no españoles puedan incorporarse a las universidades públicas españolas.

Los rectores catalanes critican duramente la fórmula que el proyecto de ley propone para la elección del rector -por sufragio universal ponderado de profesores, estudiantes y personal administrativo-, que, en su opinión, 'introduce un factor de riesgo muy elevado sobre la gobernabilidad de las universidades' y las 'politiza en términos de siglas partidistas'.

Plazo insuficiente

El comunicado asegura que el plazo otorgado por el ministerio para que el Consejo de Universidades emita su informe sobre el anteproyecto de la ley es insuficiente y reclama que se abra 'un debate con forma y tiempo suficiente para tratar de llegar a posiciones que puedan contar con el máximo acuerdo posible'.

Los rectores catalanes piden a la ministra Del Castillo que no se apresure en sacar la ley adelante en el Congreso y que intente 'contar con el máximo acuerdo posible' y 'con el mayor apoyo para su desarrollo por parte de la comunidad universitaria'.

Por otra parte, el pleno del Parlament aprobó ayer la creación de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, pese a que la Generalitat todavía no dispone de competencias sobre las becas universitarias, cuyo traspaso, anunciado en diversas ocasiones, sigue pendiente. El consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, confía en que 'se pueda hacer efectiva la transferencia de las becas universitarias a Cataluña' durante el proceso de tramitación de la nueva Ley de Universidades en el Congreso.

Durante el periodo entre 1997 y 2000, la Administración catalana ha otorgado 3.350 millones de pesetas anuales de media en ayudas a la investigación, en su mayoría destinadas a la formación predoctoral. El total de las becas universitarias otorgadas en Cataluña en el curso 1998-1999 fue de 5.423 millones de pesetas.