La sierra contra la prisión

El nerviosismo crece en las poblaciones rurales situadas entorno a la sierra de El Perdón, diez kilómetros al sureste de Pamplona, conforme se acerca la fecha en que debe darse a conocer la ubicación definitiva de la futura cárcel de Navarra. Los ayuntamientos y vecinos de los dos parajes elegidos por el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo foral, Guenduláin y Muruzábal, han expresado ya su rotunda oposición a la posibilidad de que en sus municipios se construya un recinto penitenciario que albergará a 400 internos, costará 3.400 millones de pesetas y ocupará 200.000 metros cuadrados de suelo.

En los últimos 25 años han sido al menos seis las localidades donde las instituciones de Justicia y los sucesivos gobiernos navarros han estudiado el posible emplazamiento de la nueva cárcel, una infraestructura absolutamente necesaria para sustituir a la vetusta prisión provincial de Pamplona, construida hace un siglo. Recientemente saltaron las alarmas en Valdizarbe y en la Cendea de Zizur, en ambas vertientes de la sierra de El Perdón, al conocerse que dos lugares de sus términos municipales habían sido elegidos para la construcción definitiva del recinto penitenciario. El departamento de Ordenación del territorio es ahora el que debe decidir y mientras tanto los alcaldes ya se han apresurado a denunciar la falta de información y han anunciado movilizaciones.

Lo que el Ministerio de Justicia tiene claro es que quiere sacar la cárcel de Pamplona y situarla cerca de una vía de comunicación. Y el proyecto para convertir la actual carretera en autovía otorga al eje Pamplona-Estella las características exigidas. Poco parecen importarle las críticas al alejamiento de sectores de la abogacía y los familiares de los reclusos.

El primer emplazamiento posible, el Señorío de Guenduláin, es propiedad de una hija del Conde de Guenduláin. La propietaria, que posee importantes bienes inmuebles en Pamplona, reside en Madrid. La finca está a 16 kilómetros al sur de la capital navarra y frente a la facilidad que entrañaría la negociación con un solo propietario está el inconveniente de que frenaría el desarrollo urbanístico de la zona.

El segundo paraje en estudio, Auriz, una finca rústica en el municipio de Muruzábal, es propiedad de tres vecinos de la zona. Está a 26 kilómetros, pero la futura autovía acortará las distancias.

De momento, los vecinos y sus ayuntamientos están a la espera. Los alcaldes se reunieron y solicitaron una entrevista urgente con el vicepresidente navarro, Rafael Gurrea. Los vecinos de Valdizarbe, 5.000 personas, ya saben lo que es coordinarse contra una infraestructura no deseada. En la década de los 80 lograron impedir que Uterga se convirtiera en sede de un campamento militar.

Gurrea ya ha adelantado que El Perdón, un terreno de alto valor ecológico, tiene más posibilidades de convertirse en terreno carcelario, ya que no obstaculizará la expansión del urbanismo capitalino. Para conseguirlo, el Gobierno tendrá que declarar el interés público del proyecto y adquirir los terrenos para Justicia.