El narcotráfico 'costea' con 5.000 millones la lucha contra las drogas

Es inevitable. Cuando se habla de bienes de los narcotraficantes, salta la imagen del pazo Baión, la fabulosa mansión de Laureano Oubiña, un Falcon Crest a la gallega que se convirtió en símbolo de la prosperidad del narcotráfico. 'Pero el pazo no entra dentro de esa ley porque fue decomisado por un delito fiscal, aunque es posible que cuando se juzguen otros delitos de Oubiña pueda incluirse', afirma Carmen Avendaño, presidenta de la Federación de Asociaciones Antidroga de Galicia, una de las personas más significadas en la lucha contra el narcotráfico, recién salida de un bache de salud.

El pazo, administrado judicialmente y con una interesante producción de vinos, no ha entrado y es posible que jamás llegue a entrar en el fondo de bienes decomisados, que se nutre fundamentalmente de la subasta de coches, barcos y joyas requisados a redes de narcos. El jueves pasado, por ejemplo, fueron subastados 46 lotes de joyas (muestra del dudoso gusto de los traficantes) y se recaudaron cuatro millones. 'Aquí el gramo de oro sale a 1.000 pesetas y en las joyerías, a 4.000', según Manuel Fernández Garrido, uno de los más activos en la puja.

Y el jueves que viene se subastarán en Cádiz varios coches, motores fuera borda y un velero, de nombre Guerrero (20 metros de eslora y cinco de manga), cuya puja comenzará en 20 millones. 'Es una pena porque si ese barco lo hubiéramos subastado hace unos años, cuando fue incautado y no ahora, con el deterioro que ha sufrido, se podrían haber sacado más de 50 millones', explica José Ángel Manzano, subdirector general de Gestión y Relaciones Institucionales del PND.

Esa pérdida de valor por el paso del tiempo, que padecen especialmente coches y barcos, es lo que quiere evitar el Gobierno, retocando la ley del fondo para que no haya que esperar durante cinco o seis años a una condena en firme para disponer del bien. 'Lo que pretendemos es cumplir con la filosofía de una ley que fue aprobada por unanimidad y que los bienes decomisados reviertan en la sociedad y que se haga de forma rápida para que podamos financiar más programas contra las drogas y dar más medios a las fuerzas de seguridad', explica Gonzalo Robles, delegado del Gobierno en el PND.

Robles admite que es difícil saber cuánto se deja de ingresar por la erosión de los bienes, pero desde luego evitaría que un Peugeot 605 SRD pueda ser adquirido por 150.000 pesetas. Situaciones de deterioro similar se han repetido con las 428 embarcaciones y los 2.380 vehículos (desde grandes camiones a ciclomotores) que desde 1996 han ido a parar al fondo. El paso del tiempo y las malas condiciones de depósito han inutilizado 29 embarcaciones y 853 coches, que cuando llegaron al fondo no servían ni para chatarra y tuvieron que ser abandonadas.

El objetivo es recaudar más y, por tanto, poder financiar con ese dinero más programas (los que organizan algunos ayuntamientos contra el botellón) y medios contra el narcotráfico (parte de la red informática de la Fiscalía Antidroga), verdadera intención de una de las pocas leyes finalistas de España. Pero la pretensión del Ejecutivo ya ha sido criticada por asociaciones de jueces y el PSOE, que entienden que la enajenación de los bienes antes de una sentencia firme vulnera la presunción de inocencia. 'Eso no es así y además lo que planteamos ya se prevé en la ley de contrabando y sólo se refiere a los bienes directamente relacionados con la comisión del delito y no a todo el patrimonio del traficante. Por ejemplo, el otro día fue apresado en Madrid un camión con 1.800 kilos de cocaína ¿Hay alguna duda en eso?', se pregunta Robles. La reforma de la ley llegará a las Cortes en un mes.