13 de Mayo
Nada puede alterar más a los violentos que la recuperación de la confianza y el acuerdo entre los demócratas.
(La confianza rota, EL PAÍS, 11 de diciembre de 1999)
Éste era el resumen de mi propuesta cuando ETA decidió recomenzar su campaña de asesinatos, tras la 'tregua' negociada con el PNV en septiembre del 98. Ahora, con motivo de las elecciones en el País Vasco, he ido a la campaña para reiterar mi pensamiento, mostrando mi solidaridad sin fisuras con los compañeros y las compañeras del PSE que soportan, como los del PP, como todos los que no aceptan la dictadura del terror, el acoso de los violentos.
Los manipuladores de siempre han intentado introducir una infame cuña entre mi posición y la de mis compañeros. Si lo que pretenden es callarme, su trabajo es inútil, no tanto porque me sienta con derecho a decir lo que pienso, que es algo que escasea cada vez más, sino porque creo en la obligación cívica de hacerlo.
Treinta víctimas inocentes después de la ruptura de la tregua, tras el asesinato de mi compañero Froilán Elespe -concejal de Lasarte-, y de Giménez Abad, presidente del PP aragonés, reitero la necesidad de acuerdo entre todos los demócratas contra esta violencia injustificable e incomprensible.
Este llamamiento, que considero una prioridad absoluta, vale, por ello mismo, para antes del día 13 de mayo y para después. Vale tanto si el Gobierno es del PSE y del PP, con el PNV pasando a la oposición tras 20 años largos de gobierno, como si los votos de los ciudadanos consienten otra fórmula.
Me resisto a creer que los que han armado un gran escándalo por mis palabras en Barakaldo y en Vitoria no entiendan algo tan elemental como lo que propongo como prioridad, cuando la mayoría de los vascos, cualquiera que sea su adscripción partidaria, están de acuerdo en esta necesidad de entendimiento de los demócratas frente a la violencia y al terror. Sólo la mala fe y el servicio de intereses espurios pueden explicar esta desmesurada reacción.
Espero que los ciudadanos refuercen las posiciones de los que, como mis compañeros socialistas, defienden la Constitución y el Estatuto de Gernika como marcos de convivencia que han demostrado su validez para incluir las aspiraciones de todos los demócratas, tanto si quieren ir más lejos de sus contenidos actuales como si les parece bastante. Asimismo, espero que castiguen con rigor a los que sirven de cobertura a los violentos, a los cobardes que se amparan en la democracia para aplaudir sin riesgos las sangrientas 'hazañas' de los terroristas.
Y deseo que las urnas obliguen a una rectificación a los dirigentes del PNV que han desbordado los límites del Estatuto y la Constitución, como normas legitimadoras de su poder, pactando con los representantes de los violentos. Pero sólo creo en un frente: el de todos los demócratas contra la violencia terrorista.
A estas alturas de mi vida, ni siquiera pretendo tener razón. Todo lo más ejercer la obligación de decir lo que pienso, con responsabilidad y como fruto de una larga experiencia, para evitar una deriva que puede seguir profundizando en la división del País Vasco en dos comunidades no reconciliables.
Cuando Rodríguez Zapatero consiguió un acuerdo con los dirigentes del PP en la lucha contra el terrorismo, a pesar de la incomprensible resistencia de éstos, me pareció que se había dado un paso decisivo en la recuperación de este objetivo de unidad de los demócratas. Sin ese acuerdo, por lo que representan estas dos fuerzas, no se da la condición necesaria para esa unidad. Con este acuerdo se puede seguir avanzando en este esfuerzo para incluir a todos los que desean acabar con el terror.
Cuando Nicolás Redondo y las compañeras y compañeros que le acompañan decidieron dar prioridad en su campaña a la defensa de la Constitución y el Estatuto, como fundamentos de la convivencia democrática, del autogobierno, de la identidad plural de Euskadi y del entendimiento entre los que rechazan la violencia, me pareció coherente con lo que he dicho antes. Coincidir en esta tarea con los dirigentes y candidatos del PP, con las plataformas cívicas que se rebelan contra el terror, es natural y provechoso para ir aglutinando al mayor número de ciudadanas y ciudadanos del País Vasco en torno a un Gobierno y un Parlamento vascos que enfrenten, con todos los medios de la Constitución y el Estatuto, la violencia callejera, la extorsión y el asesinato de ETA y sus satélites, en leal colaboración con el Gobierno central.
Y nada de esto impide, sino que avala, mi llamamiento a todos los demócratas -naturalmente, incluidos los del PNV- a reconfigurar un frente contra la violencia, que muestre con claridad a ETA que no obtendrá ninguna ventaja política del terror. Que conduzca a los violentos a perder toda esperanza de conseguir réditos políticos de su actuación salvaje. Un frente que sirva de amparo a los ciudadanos inermes ante las amenazas, a las víctimas inocentes de esa violencia, sean policías, profesores, empresarios, trabajadores, periodistas o cualquier ciudadano que 'pasaba por allí'.
¿Es tan difícil de entender lo que digo?
El PNV puede estar en el Gobierno o en la oposición. Si esta doble posibilidad no existiera, algo grave estaría fallando en el sistema democrático. Lo mismo cabe decir de socialistas y populares, aunque no sea necesario por evidente. Ambas fuerzas han estado en el poder y en la oposición.
Las combinaciones de Gobierno dependen de la voluntad de los ciudadanos y de las prioridades de las fuerzas políticas representativas, que deciden cuáles son las compatibilidades que les permiten gobernar con otro u otros partidos.
En las prioridades del PSE -defensa de la vida y la libertad, con la Constitución y el Estatuto como fundamento de la convivencia-, gobernar con el PP, que mantiene las mismas para el País Vasco, es perfectamente coherente. Lo mismo que reclamar del PNV la colaboración para los mismos objetivos, con los mismos instrumentos, sin renuncias de ningún tipo.
Porque la Constitución y el Estatuto no son normas excluyentes de ninguna posición democrática, sino la única -repito única- garantía de realización de la democracia y de la identidad plural de Euskadi. Sus contenidos son el fruto de un consenso democrático, tanto en lo que se refiere a las competencias que se atribuyen a los poderes vascos cuanto en los procedimientos que establecen para modificar estos contenidos, en más o en menos.
Durante años, hemos intentado aislar a los violentos, marcando la línea divisoria entre los demócratas y los totalitarios en el Pacto de Ajuria Enea. Nacionalistas, socialistas, populares y comunistas estaban detrás de ese acuerdo. Estuvimos hasta el final, defendiéndolo como la fórmula más unitaria y que más preocupaba a los violentos. Ahora tenemos que ser los primeros en recomponer la unidad de los demócratas.
Si los ciudadanos vascos, como deseo, dan a Nicolás Redondo la fuerza suficiente para gobernar, o deciden que sea oposición, su esfuerzo debe dirigirse a luchar contra la violencia, con la Constitución y el Estatuto en la mano y con la convicción de que estas normas tienen una vocación incluyente de todos los demócratas.
Felipe González es ex presidente del Gobierno español.
