Sectarismo sin límites

Los trabajadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han rechazado que la decisión de no hacer público el sondeo electoral del País Vasco tenga nada que ver con retrasos en la tabulación o en el tratamiento informático del trabajo de campo, como argumentó el pasado viernes el ministro portavoz del Gobierno. El comité de empresa de RTVE en Bilbao ha denunciado, por su parte, que el telediario del domingo no diera imágenes de la comparecencia del lehendakari para condenar el atentado de Zaragoza. Ambos casos inciden sobre el sectarismo del Gobierno en el manejo de instrumentos públicos que, sobre todo en periodo electoral, exigen máxima neutralidad.

La explicación de Pío Cabanillas se produjo el viernes, y el último día hábil para publicar encuestas, según la Ley Electoral, era el lunes. Incluso si hubiera sido cierto el retraso técnico, que los trabajadores niegan, había tiempo de sobra durante el fin de semana para subsanarlo. Es de suponer que, en un tema de esa trascendencia, a nadie se le ocurra aducir que el problema es que el CIS cierra los sábados. El ministro de Presidencia, que tendrá que comparecer a petición del PSOE para dar explicaciones, aseguró ayer que su departamento no ha recibido los resultados. Pues que abra también él una investigación sobre quién los ha tenido, en La Moncloa o donde sea, porque sería igualmente increíble que la decisión de no difundir la encuesta hubiera sido tomada por el presidente del CIS, Ricardo Montoro, sin órdenes superiores, y sin que todavía no haya dimitido: por ocultación deliberada, vulnerando la Ley Electoral, o por incompetencia manifiesta.

Una instrucción de la Junta Electoral Central de 16 de abril de 1993 estableció la obligación de comunicar a ese órgano cualquier encuesta pública en periodo electoral para dar traslado a los partidos. Se han insinuado motivos evangélicos para justificar el estratégico retraso: que los resultados eran demasiado buenos para el PP y el PSOE, y ello podría desmovilizar al electorado no nacionalista. Ni ese ni ningún otro motivo político justifica que el Gobierno incumpla la ley para jugar con ventaja; eso bastaría, pero además es un cálculo incompetente: pocas cosas movilizan más a los electores que una posible alternancia en el poder.

Ocurre lo mismo con el sectarismo de la televisión pública respecto al nacionalismo vasco. No estaría justificado en ningún caso, pero además tiene el efecto de alimentar el discurso victimista, eje central de la campaña nacionalista de defensa de la fortaleza asediada. Y sirve de excusa para justificar el sectarismo simétrico en la televisión vasca, donde, desde los informativos hasta los programas infantiles, es abrumadora la presencia de la simbología y la ideología nacionalistas. El PP llegó al Gobierno con un programa en el que denunciaba la 'beligerante orientación partidista' de la televisión pública en la etapa anterior. Pero nunca se había visto una beligerancia comparable; excepto en ETB.