La oposición arremete contra el Gobierno por ocultar el sondeo vasco
El PSOE recurre a la Junta Electoral para que investigue los motivos del retraso del sondeo
El Ministerio de Presidencia, que recibió ayer a las nueve de la noche en su registro el sondeo, tenía previsto entregarlo hoy a las 8.30 en el Parlamento vasco y a las 9.15 en el Congreso de los Diputados y el Senado.
La encuesta llegará así a los partidos políticos cuando, según la normativa electoral, no se puede difundir debido a que faltan menos de cinco días para las votaciones. Este periódico realizó ayer una consulta a la Junta Electoral Central sobre la posibilidad de difundir los resultados del sondeo. La Junta contestó así a EL PAÍS: 'Según el artículo 69.7 de la Ley Electoral queda prohibida la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación durante los cinco días anteriores al de la votación'.
Los trabajadores del CIS abrieron ayer una brecha de consecuencias aún desconocidas con la dirección política del CIS (que preside Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda) y con el Gobierno del que dependen. Sesenta y cinco de los 100 empleados del CIS firmaron un manifiesto para aclarar su 'postura común' ante el sondeo sobre los comicios vascos, que se celebrarán dentro de tan sólo cuatro días. La plantilla reveló así el contenido de la asamblea que celebró este lunes. Una reunión que desde Presidencia se intentó descalificar como una 'cita de seis empleados'.
Esos 65 trabajadores del CIS reconocen que esa tarde le remitieron a su presidente una nota haciéndole llegar su 'malestar por las distintas afirmaciones' que se habían realizado sobre su trabajo 'y que han llevado a poner en entredicho' su 'cualificación, dedicación y competencia profesional'. Los trabajadores se refirieron así a las críticas que se les han formulado desde diversos medios de comunicación al conocer las dos versiones procedentes del Gobierno que se dieron para no presentar la encuesta del CIS sobre Euskadi cinco días antes de las elecciones, como exige la ley.
Tanto desde fuentes del Ministerio de Presidencia como el pasado viernes el ministro portavoz, Pío Cabanillas, señalaron que el sondeo no se podría presentar porque no se había terminado a tiempo el trabajo de campo en Euskadi y porque habían surgido a última hora problemas técnicos en el proceso de tabulaciones.
Rosa Conde, ex presidenta del CIS con el PSOE, y otros expertos demoscópicos consultados afirmaron ayer que lo normal es tardar un día en elaborar los datos desde que se reciben. Fuentes de los trabajadores del CIS aclararon que ellos entregaron esos datos el lunes de la semana pasada, hace ocho días.
La plantilla del CIS concedió de plazo la jornada del lunes a su presidente para que saliese públicamente en su defensa. Como ese respaldo no se produjo, 65 trabajadores, entrevistadores y coordinadores de trabajos de campo del CIS declararon 'rotundamente' que todos los que intervinieron en ese sondeo 'han respetado y cumplido escrupulosamente los plazos previstos con anterioridad para la elaboración de la citada encuesta'. Además, exigieron que se salvaguardase su profesionalidad. El presidente del CIS no contestó ayer a estas alusiones.
Fuentes del CIS explicaron ayer que el origen de su revuelta partió desde los 60 entrevistadores que hicieron el trabajo de campo en Euskadi, a los que en esta ocasión se les había reclamado un 'esfuerzo especial'. Fueron ellos los que primero expresaron su queja a sus tres coordinadores provinciales, cuando vieron que se ponía en cuestión que no habían terminado a tiempo su trabajo, y éstos la comunicaron a la responsable del departamento de investigación en Madrid, que a su vez la trasladó al presidente del CIS, Ricardo Montoro. Las fotocopias de un durísimo artículo periodístico contra la disposición profesional de los trabajadores del CIS, distribuidas el lunes por la sede oficial del centro, provocaron la asamblea contra el presidente.
'Deslealtad' fue la palabra que ayer repitió durante todo el día la dirección del PSOE y de su grupo parlamentario hacia el Gobierno por ocultar al Parlamento, a ellos mismos y a la opinión pública el sondeo. El PSOE denunció ayer al Gobierno ante la Junta Electoral Central este incumplimiento y solicitó la comparecencia urgente del ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, para que explique 'este acto de deslealtad y de ruptura de las reglas del juego democrático', según dijo la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega.
A la pregunta: "¿Ha habido alguna información oficiosa sobre los datos de la encuesta con la petición de guardar confidencialidad?". El PSOE respondió rotundo: "En absoluto".
Los dirigentes del PSOE aseguran que desde que empezó este "despropósito" no han recibido ninguna explicación oficial, oficiosa o confidencial del porqué de esta situación. "Es la primera vez en democracia que se oculta una información tan relevante", señaló De la Vega. Los socialistas no encontraban ayer explicación a esta deslealtad cuando todo está previsto para que en la noche del domingo al abrirse las urnas en el País Vasco "la primera lectura" de los resultados, la harán juntos PP y PSOE.
Recurso ante la JEC
Los socialistas, a través de su representante legal, solicitaron ayer a la Junta Electoral Central que recabe "la encuesta realizada por el CIS sobre intención de voto para las elecciones al Parlamento vasco del 13 de mayo de 2001". Asimismo, la JEC debe pedir "la información técnica complementaria que juzgue oportuna al objeto de comprobar las razones por las que no se ha publicado ni dado conocimiento a las fuerzas políticas de la misma y, a la vista de ellas, actúe conforme en derecho proceda".
La JEC decidió anoche pedir al presidente del CIS que traslade a los grupos políticos los resultados de la encuesta, "sin perjuicio de la prohibición de publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación".
Mientras, el Gobierno vasco advirtió ayer, a través de su vicelehendakari, Idioa Zenarruzabeitia, de que presentarán un recurso ante la JEC si el Gobierno les hace llegar como piensa el sondeo fuera del plazo marcado por la ley, informa Txema G. Crespo.
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