La Comunidad carece de medios para evitar fraudes en el impuesto de sucesiones

La declaración de Prats se produjo tras una denuncia del parlamentario socialista Adolfo Piñedo, quien, esgrimiendo los datos de un informe del Ministerio de Hacienda, aseguró que, de las 91.700 autoliquidaciones por el impuesto de sucesiones y donaciones presentadas ante la oficina gestora en 1999, 21.647 (un 23,6%) habían prescrito y, por tanto, no se habían cobrado los correspondientes tributos. Según el parlamentario socialista, la cantidad no recaudada asciende a 8.000 millones de pesetas.

Fuentes de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda (que dirige Manuel Cobo) señalaron que, de las más de 21.000 autoliquidaciones prescritas, 1.616 corresponden a fallecimientos anteriores a 1970; 3.363, a muertes sucedidas entre 1970 y 1979; alrededor de 8.500, al periodo 1980-1989, y 7.664, a fallecimientos registrados entre 1990 y 1995. Según Piñedo, los contribuyentes esperan cuatro años o más desde el fallecimiento de sus deudos para hacer pública su declaración. De esta forma fuerzan la prescripción y se ahorran el impuesto correspondiente.

El director general reconoció que, efectivamente, la Ley de Sucesiones permite este truco, y admitió que los medios actuales no permiten a la Administración regional cruzar las listas de fallecimientos con las autoliquidaciones y observar así quiénes han declarado o no sus herencias. También admitió que hasta hace muy poco se utilizaban las esquelas de un diario madrileño para buscar a los defraudadores. Piñedo había apuntado que el propio informe de Hacienda hacía mención expresa de un funcionario que tenía como tarea el estudio de las esquelas publicadas en dicho rotativo. Prats precisó que ya se está usando la lista oficial de fallecidos en Madrid. Pero que aún, y por algún tiempo, no es posible cruzar estos datos con los de las autoliquidaciones. 'Es un problema difícil de resolver', apostilló, 'mientras no tengamos completamente informatizado el sistema'.

La oposición exigió medidas para evitar lo que, en palabras de Franco González, de IU, es 'un premio a los espabilados que tienen la posibilidad de contar con abogados y asesores que les permiten ahorrarse los tributos'.