Trabajo obliga a Justicia a asegurar a un grupo de presos de la cárcel de Lleida
La Inspección de Trabajo de Lleida ha obligado al Departamento de Justicia de la Generalitat a dar de alta en la Seguridad Social a un grupo de presos del centro penitenciario de Ponent que presentaron una denuncia ante este organismo en demanda de cobertura social por realizar trabajos retribuidos en los talleres del penal o para empresas del exterior.
Un portavoz del Departamento de Justicia señaló ayer que, a partir del primero de mayo, todos los internos de las prisiones catalanas que estén realizando trabajos remunerados cotizarán al 100%, al igual que el resto de los trabajadores. Según dicho portavoz, esta mejora laboral podrá aplicarse a la población reclusa no por un acatamiento de la resolución de la Inspección de Trabajo, sino porque se han superado las lagunas legales existentes en el Estado para reconocer los derechos sociales del colectivo. A finales del año pasado, el Parlamento catalán aprobó una ley por la que instaba al Ministerio de Trabajo a regular las condiciones de los presos asalariados.
Un grupo de reclusos de Ponent, que trabajan en los talleres del centro o para empresas externas, presentó una denuncia contra la Generalitat y el Centro de Iniciativas para la Reinserción (Cire), el organismo público que gestiona el trabajo de los presos, para reclamar el alta en la Seguridad Social como asalariados y de esa manera acceder a los beneficios sociales a los que tienen derecho.
La resolución de Trabajo obliga a esta empresa a cotizar por estos trabajadores con efectos retroactivos. Algunos denunciantes habían dejado de percibir el salario asignado -unas 30.000 pesetas mensuales por ocho horas de trabajo diarias- en el momento de pasar a la situación de baja laboral por accidente o enfermedad.
Aunque la Inspección de Trabajo sólo se ha pronunciado sobre las denuncias presentadas, Justicia ha reconocido que la medida podría beneficiar a otros 500 internos de Ponent que realizan trabajos productivos en los talleres para empresas privadas o en el exterior, pero no a quienes desarrollan actividades de aprendizaje o de formación profesional.
La mayoría de los reclusos del penal leridano que realizan trabajos retribuidos fabrican parasoles para una empresa aragonesa, cajas de madera para las bodegas de Raimat y componentes eléctricos para la empresa Lear Corporation de Cervera. Por estos trabajos cobran el salario mínimo interprofesional. Los sindicatos han criticado muchas veces la política de estas empresas, que reducen costos a base de contratar mano de obra barata como la de los presos.
