El fraude olvidado

Pocas son las novedades técnicas que ofrece la campaña de renta 2000 respecto al año pasado. Pueden resumirse en un tratamiento más favorable de las plusvalías y en unos límites de desgravación más amplios para los fondos de pensiones. Sin embargo, el impuesto sobre la renta, cuyo plazo de declaración termina el 2 de julio, tiene planteados dos problemas de gran alcance: el vacío institucional en torno al fraude fiscal y el desajuste, que va camino de hacerse crónico, entre ingresos y retenciones de los contribuyentes, causa de un volumen desmesurado de devoluciones.

Desde 1997, el fraude fiscal y su persecución a través de los planes de inspección ha desaparecido de los criterios y principios fiscales de la Administración. Hasta tal punto es espectacular este vacío, que resulta difícil precisar hoy cuáles son las actividades de la Agencia Tributaria, salvo la obvia de informar sobre las declaraciones del IRPF y organizar los servicios de apoyo al ciudadano. Este desprecio hacia el fenómeno del fraude fiscal es un grave error, porque suprime del discurso político el principio de la equidad social, en la que deben confiar los ciudadanos como pilar ineludible de su declaración. Si hasta el momento los contribuyentes no han reclamado mayor atención al fraude -que existe y que, según algunos indicios, tiende a aumentar- es porque se han visto beneficiados y satisfechos por la rebaja del impuesto, y la Administración acrecienta su recaudación gracias al crecimiento de la economía. Pero estas condiciones pueden cambiar, y también la percepción que se tiene de un sistema tributario que se olvida del dinero negro.

El equilibrio entre retenciones y declaraciones sigue sin conseguirse dos años después de implantada la reforma del IRPF. Hacienda tendrá que devolver 1,2 billones de pesetas al 72% de los contribuyentes obligados a declarar. Estas cifras y otras de detalle confirman que existe un grave problema técnico que la Agencia Tributaria y la Dirección de Tributos deberían resolver ya. Porque si es muy loable la reducción en los plazos de devolución, más lo sería que el dinero que devuelve Hacienda no saliera cada mes del bolsillo de los contribuyentes.