Filipinas decreta el 'estado de rebelión' tras un intento de golpe

El punto álgido de la batalla campal llegó en torno a las ocho de la mañana, hora local (cero horas en España), cuando el ex presidente era trasladado desde el hospital donde se encontraba hacia la prisión de Santo Domingo, 45 kilómetros al sur de Manila. Los alborotadores, 40.000 según fuentes policiales, trataron de derribar las puertas del palacio presidencial, pero fueron rechazados por cientos de agentes de seguridad. En su intento quemaron una excavadora, un coche policial y volcaron y saquearon al menos tres furgonetas de la televisión local. Además de los tres muertos -dos policías y un manifestante-, la batalla campal dejó un saldo de cien heridos, la mayoría por arma de fuego, cortes o problemas respiratorios provocados por botes de humo. Los daños materiales ascienden a 390.000 dólares (unos 72 millones de pesetas).

El Gobierno declaró que tiene la situación controlada y que ha acabado con las manifestaciones pro Erap, apodo con el que se conoce a Estrada desde sus tiempos de actor. El 'estado de rebelión' decretado por la presidenta no equivale al 'estado de excepción', porque, según fuentes oficiales, no supone la restricción de las libertades, aunque permite las detenciones sin orden judicial. El siguiente paso sería decretar la ley marcial.

La presidenta Macapagal denunció que las manifestaciones habían sido financiadas por opositores políticos cuyo 'objetivo es derrocar al Gobierno para establecer su propia junta si tienen éxito'. Y anunció su intención de detener a aquellos opositores que incitaron a la violencia, quienes podrían enfrentarse a cargos de sedición, que acarrean penas de entre 2 y 12 años de cárcel. El primero de ellos fue el senador Juan Ponce Enrile -una de las figuras clave en las manifestaciones que derrocaron al dictador Ferdinand Marcos en 1986-, que no opuso resistencia a su detención, pero aseguró que el estado de rebelión no está amparado por la Constitución filipina. Y en la lista negra figuraban también el ex jefe de la Policía Nacional Pánfilo Lacson, el asesor de Estrada y ex embajador en Filipinas Ernesto Maceda y varios militares y policías.

La presidenta quiso tender la mano a los seguidores de Estrada, que se retiraron por la mañana de la avenida EDSA, donde se habían concentrado durante siete días. 'Éste es un Gobierno que va a volcarse de verdad en los pobres;queremos dar un tratamiento humano al ex presidente', señaló. A medida que los partidarios de Estrada abandonaban la histórica calle, escenario de la revolución contra Marcos, ésta fue ocupada progresivamente por manifestantes afines a la presidenta Arroyo, que recuperaron el santuario de la Virgen de la Paz, símbolo de la lucha contra el ex dictador. Después de limpiarlo de pancartas pro Estrada, el arzobispo de Manila, cardenal Jaime Sin, celebró una misa en la que acusó a 'aquellos que abusaron y manipularon a los pobres por intereses personales' de llevar al pueblo filipino a enfrentarse entre sí. 'Han destruido no sólo la propiedad de la Iglesia, sino el espíritu de EDSA I y EDSA II' (en alusión a las revueltas contra Marcos y Estrada). Desde su celda, el ex presidente pidió a sus partidarios que no recurran a la violencia y no den la excusa al Gobierno para decretar la ley marcial.