Senadores y generales filipinos, implicados en el intento de golpe contra la presidenta Arroyo

Manila volvió a la calma ayer tras la batalla campal que enfrentó la víspera a los seguidores del depuesto presidente Joseph Estrada contra la policía y que se saldó con cuatro muertos y más de cien heridos. La presidenta Gloria Macapagal Arroyo continuó, sin embargo, con las detenciones de personalidades de la oposición acusadas de alentar la marcha sobre el palacio presidencial con fines políticos. 'Manipularon las simpatías de la gente por Estrada y las convirtieron en un sentimiento de odio', declaró. 'La primera cosa que hay que hacer es arrestar a aquellos que incitaron al complot', dijo Arroyo, que aseguró que no piensa 'bajar la guardia'.

A la detención el martes del senador Juan Ponce Enrile -ex ministro de Defensa y una de las figuras clave de la revuelta popular de 1986 contra el dictador Ferdinand Marcos- le siguió ayer la de Ernesto Maceda, ex embajador de Filipinas en Washington y antiguo asesor de Joseph Estrada. Maceda declaró a través de un comunicado que niega toda implicación en el complot denunciado por Arroyo. 'Tengo 66 años y sufro una afección cardiaca y diabetes, por lo que no tengo ninguna razón para lanzarme al aventurerismo político', señaló.

Lista negra

El ministro de Justicia, Hernando Pérez, informó de que el Gobierno ha elaborado una lista que incluye además a una docena de senadores, candidatos a las elecciones legislativas del 14 de mayo, policías y militares; entre ellos, dos generales del Ejército. Pérez anunció la inclusión en la 'lista negra' del coronel Gregorio Honasan, antiguo golpista y candidato a senador en las elecciones, y el ex jefe de la Policía Nacional Pánfilo Lacson. El ministro aclaró que ambos se encuentran en el país, aunque por ahora están en paradero desconocido. También figura en ella Miriam Defensor-Santiago, popular senadora que participó activamente en las manifestaciones antigubernamentales, a la que se acusa de incitar a que los partidarios de Estrada tomaran el palacio de Malacañang. Defensor-Santiago anunció ayer que pedirá al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la decisión del Gobierno de imponer el estado de rebelión y practicar estas detenciones, que, a su juicio, son ilegales.

Sobre la decisión de Arroyo de declarar el 'estado de rebelión' -uno de los pasos previos para decretar la ley marcial en el país-, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado filipino, Rodolfo Biazon, manifestó que 'es inconstitucional' y que sienta 'un mal precedente, porque una rebelión implica lucha con armas contra el Gobierno, y en este caso los manifestantes sólo portaban palos y piedras'. Según la Constitución filipina, 'en caso de rebelión, y cuando la seguridad pública lo requiera, el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, puede, por un periodo no superior a 60 días, suspender el privilegio judicial del hábeas corpus o poner al país bajo la ley marcial'. El hábeas corpus implica que ningún ciudadano puede ser detenido sin ser puesto antes a disposición judicial. La presidenta señaló que espera poder suspender el 'estado de rebelión' el 7 de mayo, aunque esto depende de cuántos opositores buscados hayan sido detenidos entonces.