Una edil del Partido Popular en Zamora acusa de corrupto al presidente provincial

La adjudicación de un vertedero para Zamora está llevando al PP de la provincia a una batalla interna que de momento ya ha dejado en empate técnico a las fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Benavente y se ha cobrado la destitución de la presidenta del órgano que decidió el contrato.

El PP apartó ayer de su grupo de concejales en Benavente a la edil Gloria Gómez, cuyo paso al Grupo Mixto deja el Gobierno de los populares, con ocho concejales, en igualdad de votos con el PSOE en el pleno municipal. Gómez fue expulsada después de que en una reunión interna del presidente provincial del partido, Dionisio García Carnero, con el grupo municipal, acusara al dirigente de 'recibir maletines' para ordenar el apoyo a una determinada oferta en el concurso de adjudicación de la gestión del Centro Provincial de Residuos Sólidos Urbanos: un contrato de 2.000 millones en 10 años.

Dicho concurso fue resuelto por un consorcio constituido al efecto por la Diputación Provincial, los Ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro, y las distintas mancomunidades de esta provincia: 19 personas en total y todos miembros del PP.

La adjudicación, formalizada en asamblea del consorcio el 15 de marzo, se resolvió por 17 votos a favor, uno en contra (el del diputado provincial José Ramos San Primitivo, trabajador de Hertasa, cuya filial Graveras del Magdalena era parte de la oferta perdedora) y una abstención.

Los populares apartaron de su grupo a Gloria Gómez después de que el contenido de la reunión de grupo y las acusaciones de la concejal contra el presidente del partido fueran aireados por el diario La Opinión. Según esa referencia, García Carnero recriminó a la edil que, como representante del Ayuntamiento de Benavente en el mencionado consorcio, hubiera apoyado la oferta de la unión temporal de empresas Valsan-Tecmed (filial de ACS) y que a los 15 días hubiera comenzado a trabajar como bióloga en Socamex, empresa del grupo de la adjudicataria Tecmed.

La edil replicó que no siempre había que seguir las directrices del presidente del partido, que según ella había ordenado que se apoyara la oferta perdedora, integrada por las empresas Agua y Medio Ambiente-Cespa-Graveras del Magdalena (una de las empresas que aparecen en el caso Zamora, filial de Hertasa). Y acusó a García Carnero de haber recibido maletines para favorecer a ese grupo empresarial.

El presidente provincial del PP está imputado en el caso Zamora, de supuesta financiación irregular del PP a cambio de la adjudicación de obras, cuya investigación, precisamente, se inició a raíz de una denuncia del entonces presidente popular de la Diputación zamorana, Antolín Martín, que, entre otras cosas, hablaba del 'trasiego de maletines' a favor de dirigentes populares a cambio de favorecer adjudicaciones de obras. Un juzgado de Zamora investiga ahora el caso, una vez que García Carnero renunciase a su escaño de senador en abril de 1999 (junto al también imputado y entonces diputado José Manuel Peñalosa) para sacar el asunto del Tribunal Supremo. El nombre del propio José María Aznar apareció en la causa, ya que el constructor Antonio Sangregorio declaró al magistrado instructor, José Antonio Martín Pallín, que había entregado dinero al entonces candidato a la presidencia de Castilla y León.

García Carnero ha presentado una denuncia genérica en el juzgado de guardia, pero sin llegar a querellarse, por las acusaciones de la concejal Gloria Gómez, que ha calificado de 'calumniosas e injuriosas'.

La concejal apartada de la disciplina popular mantendrá su cargo, según las únicas manifestaciones públicas que ha efectuado hasta ahora, lo que deja al PP a merced de Gloria Gómez en el segundo Ayuntamiento más importante de la provincia de Zamora, ya que su voto es decisivo para dirimir posibles empates entre populares y socialistas. Éstos ya han asegurado que no aprovecharán esta situación para desbancar al PP de la alcaldía.

Además, la presidenta de la Diputación, Pilar Álvarez, también del PP, firmó ayer un decreto en el que cesa a la presidenta del Consorcio del Centro de Tratamiento de Residuos, la diputada de Medio Ambiente Benilde Campano, también del PP, y propone la investigación de oficio de todas las irregularidades que hayan podido rodear el proceso de adjudicación del contrato de gestión de las instalaciones de tratamiento de residuos.