El juez del 'caso Zamora' archiva las diligencias contra varios ex cargos del PP
Estaban imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Zamora, Antonio Francisco Casado, ha emitido hoy un auto por el que archiva las diligencias del denominado caso Zamora, en el que había imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores.
El caso Zamora, que contaba con más de 50.000 folios de diligencias, investigaba presuntos delitos de prevaricación, cohecho, usurpación de funciones y pago de comisiones en la adjudicación de obras y servicios en la Diputación de Zamora a finales de los años 80 y principios de los 90.
La investigación se inició en 1997 a raíz de las denuncias ante la Fiscalía de Zamora del entonces presidente de la Diputación de Zamora, Antolín Martín, y el constructor Eduardo Corrales, que denunció el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras en la Corporación provincial zamorana.
"Intención de perjudicar"
El auto de archivo, de 264 folios, no da credibilidad a la denuncia de Antolín Martín y considera que hay indicios racionales de que actuó con "la intención de perjudicar a las personas que le vencieron en las elecciones" a la presidencia del PP de Zamora de 1996.
En opinión del magistrado Antonio Francisco Casado, las acusaciones del ex presidente de la Diputación de Zamora sobre el presunto trasiego de maletines en la corporación provincial zamorana carecen "de la mínima base probatoria".
La acusación de Martín en la Fiscalía de Zamora en febrero de 1997 sobre el presunto pago de comisiones "adolece de concreción" y no fue ratificada por ninguno de los empresarios que declararon en la causa, ni imputados ni testigos.
Entre los imputados se encontraban el diputado nacional José Manuel Peñalosa, y el ex senador y actual presidente del PP de Zamora, Dionisio García Carnero, que dimitieron como parlamentarios al figurar como imputados en la causa.
El archivo afecta a las distintas acusaciones formuladas por tanto por el Ministerio Fiscal, como por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, que denunciaron contrataciones anómalas de obras y servicios, obtención fraudulenta de un voto, irregularidades en la adquisición de un escáner, pago de comisiones ilegales y prevaricación.
