Acosado Chirac

El presidente francés tiene problemas. Y no son sólo políticos. Cobran mayor cuerpo las pistas de que bajo el todopoderoso mandato de Jacques Chirac en la alcaldía de París, durante casi veinte años, se constituyó un sistema de fraude generalizado a través de comisiones ilegales sobre obras públicas para financiar básicamente a su partido, aunque no sólo. El juez de instrucción Eric Halphen parece ya tan convencido de ello ('existen indicios de que ha podido participar como autor o cómplice en la comisión de las infracciones') que se ha declarado incompetente para proseguir una investigación que eventualmente habrán de asumir otras instancias.

En Francia, el jefe del Estado goza, mientras desempeña el cargo, de un blindaje reforzado contra conjuras y acusaciones, ciertas o no. La última palabra la tiene el denominado Alto Tribunal, un órgano político constituido por 24 parlamentarios y que en nada puede asociarse a un tribunal ordinario de justicia. Enfrentarse a esa representación parlamentaria podría acabar siendo la suerte de Chirac. Pero es difícil que suceda, toda vez que para poder iniciar un procedimiento contra el primer mandatario se requiere un amplio acuerdo político en la Asamblea Nacional, y ni siquiera los socialistas de Lionel Jospin, con sus propios problemas agudizados por unos pobres resultados en las elecciones locales, están por la labor.

A Chirac le han acompañado desde hace años los rumores sobre sus supuestas tramas en la financiación de su partido, el neogaullista Unión por la República. Y no sólo de su partido. A medida que la dilatada investigación de esos escándalos, iniciada en 1994, ha ido implicando a figuras cada vez más próximas al presidente francés, éste se ha visto obligado a contraatacar desde la televisión, alegando que su condición de jefe del Estado y árbitro supremo le acoraza por completo contra la acción de la justicia. Pero Chirac podría acabar viéndose en serias dificultades si se repiten las locuacidades que, cada vez con mayor frecuencia, se dan en los juzgados parisienses cuando implicados colaterales en asuntos de corrupción política creen poder salvarse con su franqueza.

En cualquier caso, y al margen de los tribunales, los electores pueden pasar factura al candidato Chirac en las presidenciales del año próximo. Una cosa es la amplísima inviolabilidad del jefe del Estado, discutida pero por el momento eficaz, y otra el reflejo que en los votantes pueda tener el cada vez más estrecho cerco judicial contra el presidente.

En la Francia alejada del corporativismo político, y pese al tradicional respeto por la autoridad, se abre paso imparablemente la idea de que nadie en un Estado democrático puede estar por encima de la ley. Los repetidos escándalos en el país vecino relacionados con el clientelismo partidista, la financiación ilegal o la corrupción en altas instancias suelen dejar la impresión de que los políticos acusados o incluso condenados salen de estas situaciones mucho mejor de lo que lo haría cualquier ciudadano de a pie. Y aunque el maridaje entre economía y política no es un fenómeno francés, y los españoles lo sabemos muy bien, el hecho de que la sospecha fundada recaiga inequívocamente sobre el inquilino del Elíseo crea una situación nueva y tensa un escenario sobre el que ya aletea la gran batalla de las elecciones presidenciales próximas.

En este contexto, los intentos de la presidencia francesa de achacar las nuevas acusaciones contra Jacques Chirac a una suerte de complot contra la nación resultan tan infantiles como poco respetuosos con una democracia seria.