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Tribuna:

Conciertos escolares fraudulentos

La semana pasada sucedió en el Parlament algo que comienza a ser habitual en la actual legislatura: el Gobierno de la Generalitat perdió una votación, mediante la cual se aprobó una moción cuyo contenido es muy revelador . Cuando un partido está en minoría, como es el caso de CiU, ello no resulta raro, sino frecuente. Lo extraño es que el partido en el poder no se lo acabe de creer, que no haya digerido todavía que gobierna en virtud de una alianza, en buena parte contradictoria, con el PP, partido al que muchos militantes convergentes consideran -absurdamente, por supuesto- el principal enemigo de Cataluña. Cuando un partido practica de forma sistemática una política de buscar enemigos del país, acaba siendo esclavo de su propia demagogia.

Pero, contradicciones aparte, lo más interesante es el contenido de la resolución aprobada con los votos de la oposición -PSC, IC y ERC- y, por lo visto, debido a un error material de cuatro diputados de CiU. Dicho contenido pone en cuestión una de las políticas más controvertidas del Gobierno de la Generalitat y que, en los últimos tiempos, está poniendo al descubierto sus aristas más escandalosas: la política educativa en enseñanza primaria y secundaria.

Recordemos los precedentes. En las últimas semanas, se ha hecho público que la Generalitat subvenciona, a través de su política de concertación educativa, algunos centros de enseñanza privados que cobran a sus alumnos entre 50.000 y 100.000 pesetas al mes. Mientras, las debilidades de la enseñanza pública son notorias, y la Hacienda de la Generalitat, deficitaria. A pesar de todo ello, estos centros privados de élite reciben subvenciones como centros concertados.

Como es sabido, el sistema escolar tiene tres tipos de centros: los públicos, financiados totalmente por la Administración catalana; los privados concertados, subvencionados por la Generalitat en sus enseñanzas regladas y obligatorias, y los privados, financiados por sus propios usuarios. Pues bien, en los últimos años ha habido un goteo constante de centros privados que han pasado a concertados. Los últimos, al parecer, han sido varias escuelas del más alto standing: Sil, Súnion, Saint Paul's School, Pere Vergés, Viaró, La Farga y La Vall, los tres últimos bajo el control del Opus Dei. El Saint Paul's, que por lo menos hasta ahora impartía la enseñanza en inglés, sospechosamente, en súbito arrebato patriótico, parece que ha pasado a llamarse Sant Pau.

El escándalo, por tanto, estaba servido desde hacía semanas. La aprobación de la moción parlamentaria de la oposición no ha sido más que la guinda que faltaba al pastel o, mejor dicho, al pasteleo de una política educativa que viene de lejos y que subvenciona generosamente la enseñanza privada mientras va dejando que decaiga lentamente, 'sin que se note el efecto pero se consiga la causa' -como decía el celebre memorial a Felipe V para imponer el castellano en Cataluña-, la escuela pública.

Esta política de subvención a los colegios privados constituye, en buena parte de los casos, un puro fraude a los preceptos de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que establece en su artículo 48.3: 'Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización, que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o que, cumpliendo alguno de los requisitos anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo'. Asimismo, el artículo 51 prevé que 'el régimen de conciertos (...) implica, por parte de los titulares de los centros, la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los mismos'. Y añade: 'En los centros concertados, las actividades escolares complementarias y las extraescolares y los servicios escolares no podrán tener carácter lucrativo. El cobro de cualquier cantidad a los alumnos en concepto de actividades escolares complementarias deberá ser autorizado por la Administración educativa correspondiente'.

El fraude de ley que supone el cobro de cantidades exorbitantes en colegios concertados es reconocido por los mismos directores de centro afectados. Joan Puig, director de Súnion, lo afirmaba en La Vanguardia del 16 de marzo pasado: 'La ley se ha pervertido, pero eso lo sabe todo el mundo, como se sabe que con el dinero que nos da la Generalitat no se puede funcionar y las familias deben hacer aportaciones voluntarias de hasta el cincuenta por cien del coste'. En el año 2000 la Generalitat destinó 94.300 millones de pesetas a estos conciertos que 'todo el mundo sabe' que son una perversión de la ley.

La moción aprobada en el Parlament dice, en sustancia, dos cosas muy sencillas y razonables: primero, establece que se hagan auditorías externas para saber a qué se destina tanto el dinero público de los conciertos como el dinero privado que aportan las familias; segundo, que se reserven plazas en todos los centros concertados para cubrir las necesidades educativas especiales, así como la incorporación de inmigrantes. El miedo del Gobierno a ambas medidas -expresado en su oposición a la moción parlamentaria- ya es sintomático. Oponerse a una auditoría es un índice claro del temor a que se descubran irregularidades: a quien nada tiene que ocultar no le importa ser inspeccionado. Asegurar que los hijos de inmigrantes no serán concentrados en escuelas públicas, convertidas en auténticos guetos multiculturalistas, va en la buena dirección de una política de integración. ¿Por qué se opone el Gobierno de la Generalitat a tales medidas?

Muy sencillo: porque la política educativa catalana va a remolque de los deseos de las escuelas privadas. Como en tantas otras facetas de su actividad, el Gobierno está a merced, no de los intereses públicos, sino de los privados, en este caso no de la igualdad de oportunidades -principio básico de toda política social-, sino de la protección, mediante subvenciones, de las élites a las que representa.

Educación, educación, educación fue uno de los principales lemas de la campaña de Maragall. Revisar la política de conciertos para reforzar la escuela pública debe ser un primer e ineludible primer paso.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de abril de 2001