Para ese viaje de la FP no hacían falta estas alforjas

Cuando fue nombrada ministra de Educación alguien directamente concernido por el sistema educativo (con Pilar del Castillo compartí antaño inquietudes, ilusiones e intereses políticos) abrigué la remota esperanza de que la FP recibiría el tratamiento que merece. Sin embargo, el proyecto de ley sobre la FP que, al parecer, el Gobierno pretende aprobar ha dado al traste con esta esperanza.

Lo que más llama la atención del proyecto de ley es su ausencia de decisiones y de propuestas novedosas y, como consecuencia de ello, su carácter innecesario. En efecto, cualquier proyecto de ley suele incorporar en su articulado medidas y/o compromisos inexistentes hasta ese momento y que requieren ser aprobados a través de una norma de este rango. Pues bien, ninguna de las cuestiones que se proponen en el proyecto de ley sobre la FP es nueva. Todas y cada una de ellas han sido ya planteadas, definidas y propuestas (en algunos casos, con un nivel de desarrollo y concreción muy superior), ya sea en alguno de los dos programas nacionales de FP, cuando no en los dos, ya sea en normas vigentes en la actualidad.

Por citarlas rápidamente, el establecimiento de un catálogo de cualificaciones profesionales, la elaboración de un catálogo de ofertas formativas modulares asociadas a las cualificaciones profesionales, la necesidad de determinar un procedimiento de acreditación y un registro de las cualificaciones profesionales, el desarrollo de un sistema de información y orientación profesional, la mejora de la calidad del sistema mediante evaluaciones del mismo, el papel técnico que corresponde al Instituto Nacional de las Cualificaciones en el desarrollo del sistema, el valor de los títulos de FP y de los certificados de profesionalidad, la oferta formativa adaptada a grupos con necesidades especiales..., son todas ellas cuestiones ya planteadas, definidas e identificadas, algunas de ellas desde hace ya bastantes años. Lo que hace falta es desarrollarlas, no volverlas a enunciar como hace este proyecto de ley (que no ofrece indicación alguna sobre cómo piensa desarrollarlas). Lo único que parece ser útil (aunque tampoco es una novedad, ya que, por ejemplo, en el País Vasco se viene llevando a cabo desde hace tiempo) es la autorización prevista a profesores y centros de FP reglada para impartir cualquier modalidad de FP.

Por lo demás, debe señalarse que la idea de los 'centros integrados de FP' tampoco es novedosa: el Plan Vasco de FP y, más recientemente, el Plan Galego de FP la incluyen expresamente en sus textos. Y ni siquiera la idea de los 'Centros Nacionales de FP' puede considerarse realmente nueva, ya que un proyecto prácticamente idéntico (centros de referencia especializados por sectores productivos e implantados en las diversas CC AA) se materializó a comienzos de los noventa a través de los llamados 'Centros de Formación, Innovación y Desarrollo de la FP' (regulados por orden ministerial).

En definitiva, el que se supone que va a ser uno de los tres grandes pilares de las reformas educativas comprometidas por el PP no es sino un conjunto de enunciados enfáticos y retóricos, vacíos de contenido, que no hacen sino reproducir 'más de lo mismo', esto es, reiterar lo que se viene enunciando e identificando desde hace tiempo, pero nunca se acaba de desarrollar y/o aplicar.

Como contrapartida a la ausencia de contenidos novedosos que impulsen un auténtico desarrollo de la FP, se aprecia en el proyecto de ley un tufillo centralista y antiautonomista. En efecto, mientras que el propio sistema educativo ha obviado en la regulación de las enseñanzas generales cualquier referencia al carácter 'nacional' de las mismas, en la regulación de la FP (que, por definición, debe ser mucho más descentralizada) se pretende recuperar terminológicamente el carácter 'nacional' del Sistema de Formación Profesional. Asimismo, resultan chocantes las reiteradas referencias en el texto a las competencias de la Administración General del Estado. Hubiera resultado más operativo que, en lugar de volver a enunciar esas competencias (que nadie pone en cuestión), el texto hubiera expresado medidas e iniciativas que articularan su aplicación y desarrollo. En fin, siendo la creación de centros integrados de FP una cuestión de interés y de oportunidad sobre la que corresponde decidir a cada comunidad autónoma, ¿qué razón existe para que el Gobierno regule sus requisitos de organización y dirección?

Por otra parte, produce un cierto sarcasmo el tratamiento que reciben los agentes sociales en el proyecto de ley. En primer lugar, se citan sólo las empresas (esto es, los empresarios), ignorando a los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Y, al abordar la deseable vinculación de las empresas a la FP, se alude a cuestiones (la formación de alumnos en centros de trabajo, la formación docente, la orientación profesional y la identificación de necesidades de cualificación) que ya han sido definidas e identificadas (y, en este caso, aplicadas) hace mucho tiempo sin plantear ninguna cuestión novedosa. En otras palabras, no se alude a la inversión en formación, a las desgravaciones fiscales, al derecho de los trabajadores a la formación, al permiso de formación...,, cuestiones que sí pueden estimular la vinculación de los agentes sociales al sistema de FP.

En fin, por no haber, en el proyecto de ley no hay ni siquiera un posicionamiento ideológico alternativo, un modelo de FP alternativo que eventualmente pudiera ser objeto de discusión y de debate. El esperado proyecto de ley sobre la FP no es más que humo. Su eventual aprobación supondrá -para quienes creemos que la FP precisa todavía de un importante impulso institucional- una pequeña tomadura de pelo.

Francisco de Asís Blas Aritio es profesor de la Universidad Complutense y ex director general de FP.