El embrollo telefónico

Resulta difícil encontrar, dentro o fuera de España, un mercado tan confuso, o con tan elevado riesgo arbitrista, como el de las telecomunicaciones españolas. Las empresas que hacen negocios en este sector tropiezan frecuentemente con decisiones sobre tarifas, cuotas o impuestos que modifican sustancialmente las condiciones legales o económicas anteriores, con lo cual carecen de seguridad y estabilidad para organizar sus inversiones y planificar su futuro. El último ejemplo de esta discrecionalidad es el nuevo régimen de cuotas y tarifas telefónicas que acaba de aprobar el Gobierno, y que consiste, en síntesis, en un aumento de la cuota de abono mensual que aplica Telefónica desde las 1.742 pesetas actuales a las 2.010 pesetas del año 2003 y, al mismo tiempo, en un recorte de los precios de los servicios telefónicos del 2% en ese año, además del compromiso vigente que obliga a Telefónica, la compañía dominante en el sector, a bajar el conjunto de los precios de sus servicios en un 7% y un 6% en los ejercicios 2001 y 2002.

Expresado así, la decisión parece un intercambio compensatorio. Se encarece la cuota de abono mientras se rebaja el resto de los servicios. El problema es que se permite a Telefónica encarecer un servicio en el que carece de competidores efectivos, mientras que se imponen amplias reducciones tarifarias en otros en los que sí tiene la competencia de otras operadoras (Retevisión, Uni2, Jazztel...). De ahí que los beneficios para los consumidores sean muy dudosos. Da la impresión de que, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la liberalización de la telefonía, los gobiernos de Aznar no han conseguido disolver el monopolio de la red de comunicaciones de Telefónica, que faculta a la empresa a ejercer un dominio absoluto sobre la cuota de abono, y a duras penas está introduciendo dosis de competencia en el reducto de las llamadas locales, que son las dos grandes fuentes de ingresos del operador dominante. Pero, sobre todo, causa un enorme desconcierto comprobar cómo, a pesar de la insistencia oficial en la 'liberalización del mercado', ninguna decisión empresarial, por nimia que sea, se aprueba sin que intervenga el Gobierno.

Es más, las decisiones importantes para el mercado son el resultado de los acuerdos que firman, pactan o debaten el Ejecutivo y Telefónica. Cualquier inversor que pretenda hacer negocios en España debe contar con un lastre de partida, que es el de que las condiciones económicas pueden variar de forma súbita por acuerdos entre el Gobierno y una competidora del inversor.

El recurso de Airtel, Amena, Xfera, Telefónica y las cadenas privadas de televisión contra la tasa por utilización del espacio radioeléctrico ilustra sobre otro ejemplo de la arbitrariedad legal en el ámbito de las telecomunicaciones. Las operadoras que acudieron al concurso de las licencias de tecnología UMTS se encontraron con que el criterio del Gobierno cambió e impuso una tasa de 160.000 millones anuales, pagadera durante 20 años. Los recurrentes tienen razón; nada deteriora tanto la inversión ni las posibilidades de desarrollo de una tecnología como la conducta errática de un Gobierno que quiere compensar con un error el que pudo cometer antes al preferir el concurso a la subasta de licencias.