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CiU pierde una votación en el Parlament que la obliga a auditar a los colegios concertados

Enseñanza deberá retirar la subvención a los centros que segreguen a los alumnos.- Las escuelas sostenidas con fondos públicos tendrán que reservar plazas todo el curso para alumnos con necesidades especiales.- El Ejecutivo deberá redactar un nuevo decreto de matriculación.- Un error de cuatro diputados nacionalistas permite que prospere una moción de ERC

El bloque de derechas sufrió ayer una inesperada y dolorosa derrota en el Parlament, fruto de la precariedad de la mayoría formada por CiU y el PP. Bastó un error de cuatro diputados de CiU para que se aprobara una moción de Esquerra Republicana (ERC) que obliga al Departamento de Enseñanza a modificar su política sobre matriculación de alumnos en el sentido que le reclaman los sindicatos, a 'revisar y en su caso retirar' los conciertos económicos con las escuelas privadas que no sigan criterios de igualdad y segreguen a los almunos en razón de 'género, raza, etnia o clase social'. El acuerdo incluye el mandato del Parlament al Gobierno para que, en el plazo de un año, lleve a cabo 'una auditoría externa de la gestión en todos los centros concertados' para comprobar si se adecuan a los objetivos definidos por el concierto educativo.

La moción defendida por el diputado republicano Josep Bargalló tuvo el apoyo de Iniciativa-Verds y de Socialistes-Ciutadans pel Canvi, además del de ERC. Sumaron 66 votos, contra los 64 de CiU y el PP. La socialista Montserrat Duch retiró a continuación una moción de contenido similar porque, de haberse votado, hubiera permitido al bloque de derechas derrotar las mismas orientaciones que acababan de ser aprobadas.

La moción obliga a Enseñanza a elaborar un nuevo decreto sobre la regulación de alumnos en las escuelas públicas y las privadas concertadas que incluya las recomendaciones del Consejo Escolar de Cataluña. Y en particular, que obligue a equiparar a todos los centros de una zona en la admisión de alumnos con necesidades especiales y 'en situación social desfavorecida'. También obliga a delegar competencias en esta materia a los ayuntamientos que lo soliciten.

Colegios de élite

Esta moción condensaba el punto de vista defendido conjuntamente por el PSC, ERC e IC-V en los últimos meses en los debates sobre el trato favorable a la escuela privada que a su juicio está dando el Departamento de Enseñanza en perjuicio de la pública. La concesión de conciertos económicos a siete escuelas privadas de élite, situadas en la parte alta de Barcelona y en Sant Cugat, ha puesto en evidencia un sesgo en la actuación del Departamento de Enseñanza que la izquierda no duda en calificar de clasista. Así lo reiteraron ayer los diputados Bargalló, Joan Boada, portavoz de IC-V, y la socialista Duch en la defensa de la moción.

La aprobación de esta moción permitió que el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod, destacara inmediatamente después de la votación que acababa de demostrarse la existencia de 'una alternativa progresista, más abierta, justa y equitativa' al modelo educativo aplicado por el bloque CiU-PP.

En nombre de CiU, el diputado Pere Lladó se opuso a la moción alegando que carece de lógica elaborar un nuevo decreto sobre matriculación de alumnos cuando el vigente aún no ha sido desarrollado del todo. Pero eso era cuando CiU confiaba en ganar la votación. Después de perderla, la consejera derrotada, Carme Laura Gil, reaccionó tachando de 'ilegal' el contenido de la moción.

La consejera de Enseñanza, Carme Laura Gil, no pudo esconder su contrariedad ante las consecuencias de la sesión parlamentaria. Su primera reacción, en los mismos pasillos del Parlament, fue negar la viabilidad de ejecutar el contenido de la moción. La consejera dudó de la 'legalidad' de algunos puntos de su contenido, concretamente el referido a la obligación de auditar todas las escuelas concertadas. 'Ya veremos si es legítimo cuando no hay ninguna denuncia que demuestre la existencia de posibles irregularidades', dijo. Gil agregó que un centro escolar concertado no puede ser objeto de una auditoría, ya que sólo se puede investigar en 'la parte de enseñanza que es objeto de concierto'.

La reserva de plazas para alumnos con necesidades especiales o de incorporación tardía durante todo el curso es 'un disparate' y 'manifiestamente ilegal', en palabras de la titular de Enseñanza, quien afirmó que no se aplicará ya que 'no se puede ir contra la ley'. En cuanto a la elaboración de un nuevo decreto de matriculación -uno de los elementos de la política de Enseñanza que más críticas ha recibido, desde las del Consejo Escolar hasta las del Síndic de Greuges-, Gil aseguró que probablemente no se lleve a cabo. 'Ya lo veremos', dijo, 'porque tal vez el que existe ahora funciona tan bien que no es necesario hacer uno nuevo'.

ERC reclamará

Entre los grupos de la izquierda que sacaron adelante la moción, las declaraciones de la consejera no hacían más que confirmar sus temores de que el Gobierno de CiU no tiene la menor intención de cumplir el mandato de la Cámara. El republicano Josep Bargalló, sin embargo, aseguró que su formación reclamará el cumplimiento de la moción, y negó que su contenido incluyera ilegalidades.

'El Ejecutivo está obligado a cumplir lo que aprueba el Parlament, pero en realidad tiene impunidad absoluta', afirma la socialista Montserrat Duch, cuya formación retiró una moción similar a la aprobada. Las declaraciones de Gil, añade Duch, 'ya muestran a las claras que no piensa cumplir la resolución. El PSC quiere que exista transparencia en la gestión de unos fondos que representan el 25% del total del presupuesto de Enseñanza'.

Tanto el decreto de matriculación como la política de conciertos de la Generalitat se baten también en otros frentes. El TSJC ha admitido a trámite sendas denuncias del sindicato USTEC-STE contra la concesión de conciertos a siete escuelas de élite que cobran a las familias mensualidades de más de 100.000 pesetas y contra el citado decreto. Este sindicato, junto a CC OO, UGT y CGT, ha convocado para el 17 de mayo una huelga en la enseñanza pública -50.000 docentes de 3.000 centros públicos- en protesta por la política de la Generalitat. Los sindicatos reclaman la mejora de las condiciones laborales del profesorado, y, según Carles Martínez, de USTEC-STE, denuncian también la 'actitud autoritaria' de Enseñanza, a la que acusa de dar 'un trato preferente al sector privado mientras mantiene una falta total de diálogo con la comunidad educativa'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de abril de 2001