Por qué los argumentos de las empresas no se sostienen

El 5 de marzo de 2001, 39 de las más importantes empresas farmacéuticas del mundo llevaron al Gobierno de Suráfrica ante el Alto Tribunal de Pretoria debido a la aprobación de la Ley sudafricana sobre Medicamentos. Esta ley fue el primer gran paso de la Sudáfrica post apartheid para enfrentar la grave crisis nacional que supone la incidencia del virus VIH/sida entre sus habitantes. Básicamente, pretende que la población tenga acceso a las medicinas esenciales de calidad disponibles en el mercado (a través de la importación de medicamentos de marca más baratos o de la importación y/o fabricación de productos genéricos), limitando además las irregularidades inherentes al proceso de recetado (el marketing de las compañías farmacéuticas entre los médicos) y garantizando un mecanismo transparente de asignación de precios. La reacción de los grandes laboratorios fue rápida y contundente: en su opinión, la ley no sólo es ilegal -ya que contraviene las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la propiedad intelectual (conocidas como TRIPs), asumidas por Suráfrica- sino que también es inconstitucional, ya que vulnera la propiedad de compañías privadas. Más aún, los grandes laboratorios temen que el caso surafricano siente un precedente que, en último término, desestimule el esfuerzo investigador de muchas empresas.

África, con sólo un 1% del mercado de las farmacéuticas, no amenaza sus esfuerzos inversores

En medio de una impresionante expectación internacional, el tribunal ha admitido que las implicaciones del caso van mucho más allá de esta demanda concreta y que, por tanto, debe considerarse en el contexto amplio del problema sobre el precio de los medicamentos. Por eso decidió suspender el juicio hasta el 18 de abril, al admitir las alegaciones de organizaciones civiles y dar tiempo a las empresas para estudiar las alegaciones.

Todo esto ocurre en un país donde más de 4,5 millones de personas están infectadas por el virus del VIH/sida. Se dan 1.700 nuevos casos cada día, de los cuáles 200 son niños recién nacidos. Pese a ello, prácticamente todos los antiretrovirales utilizados para detener el virus del sida están protegidos por patentes y se venden a precios entre cuatro y doce veces superiores a los de sus equivalentes genéricos, disponibles en el mercado internacional. Esto lo saben países como Brasil, que ha reducido a la mitad la mortalidad por sida gracias a la utilización de genéricos. En Suráfrica, utilizando productos patentados, el coste de un tratamiento retroviral combinado es de 10.000 dólares estadounidenses por persona y año. Si el Gobierno quisiese asegurar el tratamiento para una proporción similar a la del caso brasileño (lo que supondría atender con urgencia a unas 700.000 personas), tendría que desembolsar unos 7.000 millones de dólares; el equivalente a 27 veces el presupuesto público total para gasto en medicinas.

Nadie niega que es imprescindible que las compañías inversoras recuperen los altos costes de la investigación a través de un sistema de patentes, ya que de otra forma no habría incentivos al desarrollo científico desde la iniciativa privada. Sin embargo, un análisis algo más detallado de los argumentos de las empresas farmacéuticas muestra hasta qué punto su posición está injustificada en este caso y en otros parecidos. En primer lugar, y pese a sus muchos defectos, la normativa TRIPs de la OMC es completamente neutral en lo que se refiere a las importación de medicamentos de marca más baratos y reconoce explícitamente el derecho a conceder licencias obligatorias para la importación y producción de genéricos bajo ciertas condiciones (en concreto, cuando se dé una 'emergencia nacional de salud'; ¿quién puede negar esta situación en muchos países del Tercer Mundo?). En segundo lugar, África representa tan sólo un 1% del total de las ventas de estas multinacionales -4% en el caso de América Latina-, por lo que difícilmente un mercado tan exiguo va a poner en riesgo los esfuerzos inversores de las empresas. Los impresionantes beneficios resultantes de las patentes (hasta un 30% sobre el precio del medicamento) se generan fundamentalmente en los países industrializados, aquellos que tienen una mayor capacidad para absorber los altos precios vinculados a las patentes. En tercer lugar, la Constitución surafricana establece que 'todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a servicios básicos de salud', por lo que, atendiendo a este artículo, la aprobación de esta Ley está en perfecta consonancia con la Constitución. Con estos argumentos, sería difícil que las compañías demandantes ganasen el juicio, pero nunca debe menospreciarse la capacidad de persuasión de las empresas transnacionales en situaciones como ésta.

Por si acaso, el Gran Pharma -como le llamaría John Le Carré- no ha perdido el tiempo. Dicen que están obligados ante sus accionistas a recuperar las importantes cantidades que han arriesgado en beneficio de todos, y dicen también que la única manera de hacerlo es a través de un sistema mundial de patentes, por frío que parezca a veces. Eso no quiere decir -continúan- que no les preocupe el problema del acceso de poblaciones pobres a medicamentos esenciales, por lo que se apresuran a ofrecer acuerdos con instituciones públicas y privadas para reducir el precio de ciertos medicamentos en algunos países. Fruto de la considerable presión social -y no tanto del arrebato filantrópico de las compañías- durante los últimos meses se han ido anunciando algunas iniciativas de reducción de precios (entre otros, la Accelerating Access Initiative firmada entre ONUSIDA y los cinco laboratorios más grandes o la reducción en los precios de medicamentos contra el sida de la empresa Merck para Brasil). No cabe duda que estos acuerdos pueden ser parte de la solución, pero se quedan muy cortos si se plantean de forma aislada. No olvidemos que son circunstanciales y no vinculantes, que a menudo están condicionados y que no garantizan los mejores precios posibles.

Al ofrecer estos acuerdos, las compañías no hacen sino reconocer la importancia del factor precio en el acceso a medicamentos esenciales. Está claro, como ellas dicen, que ésta es sólo parte del problema. Las restricciones presupuestarias, la escasez y mala formación del personal sanitario o la inadecuada infraestructura tienen también mucho que ver. Pero eso no niega el argumento principal: el alto precio de los medicamentos esenciales es una barrera insalvable, que los hace inasequibles para el sistema de salud pública y la mayor parte de compradores individuales. Y ése es un problema al que debemos hacer frente en situaciones concretas, como la que ahora se vive en Suráfrica.

Una industria farmacéutica fuerte y rentable es importante para lograr avances en el bienestar humano. Pero la combinación de un conjunto de normas injustas sobre propiedad intelectual dentro de la OMC y una estrategia despiadada por parte de las empresas con el objeto de maximizar sus beneficios, están alimentando una crisis sanitaria global en la que cientos de millones de personas padecen la miseria de las enfermedades crónicas y la muerte temprana.

Hasta ahora los contrargumentos de los gigantes farmacéuticos han sido más bien débiles. Las empresas más importantes saben que se enfrentan a una seria crisis de imagen ante la sociedad y aun así parecen incapaces de situarse a la altura del reto que enfrentan. Confiamos en que, dentro de poco, una o dos empresas del sector farmacéutico aprendan de la visión a largo plazo que ya han mostrado algunas compañías de otros sectores -como el del petróleo- y comiencen a liderar el camino hacia una estrategia empresarial que sea rentable pero también responsable, y que permita responder a la crisis sanitaria mundial con una globalización de rostro humano.

Gonzalo Fanjul es técnico del Departamento de Estudios de Intermón Oxfam