Un informe sobre pederastas en la Iglesia católica británica aconseja que la policía investigue a los curas

La policía debería investigar a fondo el pasado de los clérigos y voluntarios laicos que colaboran con la Iglesia católica en el Reino Unido para evitar abusos de menores. Al trabajo de los agentes podría añadirse además la apertura de un archivo nacional de novicios y la formación de un grupo de expertos que informen y asesoren a la jerarquía eclesial sobre las actuaciones de sus religiosos. Ambas recomendaciones, extraídas de un estudio sobre la forma de contener los casos de pederastia en el seno del catolicismo británico solicitado por el arzobispo de Canterbury, Cormac Murphy-O'Connor, llegan después de que 21 sacerdotes de Inglaterra y Gales fueran condenados por asaltos sexuales contra niños perpetrados entre 1995 y 1999.

El trabajo, elaborado por dos jueces, psiquiatras, oficiales de los juzgados, asociaciones de ayuda a la infancia y la policía metropolitana de Londres, sugiere asimismo que cada parroquia nombre a un protector de menores que recoja y canalice las quejas o denuncias de los perjudicados y sus familias.

Murphy-O'Connor, que analizará todas estas propuestas la próxima semana en una reunión con los obispos católicos de Inglaterra y Gales, calificó ayer el estudio de 'muy constructivo y útil'. Como cabeza visible de los católicos británicos, él es el primer interesado en demostrar que la Iglesia se toma muy en serio el bienestar de los niños y vigilará a sus miembros. En julio pasado, el propio arzobispo fue duramente criticado por haber permitido en 1985, y cuando aún era obispo, que el padre Michael Hill siguiera ejerciendo el sacerdocio, a pesar de que era un conocido pederasta y todos los médicos que le habían tratado coincidían en que volvería a las andadas. Hill abusó de nuevo de varios monaguillos hasta que los jueces le enviaron a la cárcel en 1997 por todos los delitos cometidos durante dos décadas.

La Iglesia católica británica cuenta desde 1994 con unas medidas de protección de los menores. Según sus críticos, entre ellos muchas de las familias de los menores afectados, dichas normas no sirven porque los obispos suelen permitir a los agresores seguir con sus labores pastorales en otras ciudades.