La mediación en conflictos familiares se extenderá a las parejas de hecho

El Consell impulsó una ley de mediación familiar en paralelo a la regulación de las parejas de hecho que persigue agilizar la resolución de conflictos surgidos en el seno de la institución familiar y evitar que los problemas de convivencia repercutan en el bienestar de los hijos. El texto que define la figura del mediador familiar se redactó antes que la ley de parejas de hecho, pero quedó en un segundo plano debido al debate generado por la segunda norma. Pero recobra actualidad ante su inminente tramitación.

Miguel Barrachina, diputado del PP, explicó ayer que la futura ley de mediación no establece distinción alguna entre parejas de hecho y familias y aseguró que 'si hubiera que hacer alguna modificación para adaptarla se haría de forma automática'.

La futura ley fue auspiciada por el Consejo de Europa, organismo que reúne a representantes de 43 estados europeos, en 1998. Pero la Comunidad Valenciana es 'pionera' a la hora de establecer los términos de la mediación familiar por ley, según Barrachina.

La norma prevé la creación de un registro de mediadores entre titulados superiores en Derecho o Psicología. Los familiares implicados en un proceso de separación podrán elegir voluntariamente a un mediador para intentar resolver los posibles conflictos de intereses derivados de sus problemas personales, esencialmente cuestiones relacionadas con la custodia de los hijos, tiempos de visita o herencias, sobre todo en el caso de empresas familiares.

La mediación se producirá siempre de forma presencial para evitar el recurso a procuradores o abogados que representen a las partes implicadas. Los procedimientos de mediación que ya se desarrollan en la actualidad suelen producirse en la sede de los juzgados, pero la nueva norma propone que las reuniones para resolver problemas de convivencia se produzcan en sedes de instituciones locales, como los ayuntamientos.

La mediación familiar extrajudicial tendrá carácter vinculante hasta el cuarto grado de consaguinidad -la relación entre primos hermanos- y se desarrollará con un límite de tiempo fijado en un máximo de tres meses. Los mediadores estarán sometidos a un código estricto que garantice la confidencialidad de sus gestiones y será sometidos a severas sanciones en caso de revelar secretos. La mediación tendrá carácter gratuito siempre que los implicados puedan acreditar que carecen de recursos para pagar el servicio.

Barrachina hizo votos por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la tramitación de una ley que calificó como 'un paso más' en la política de defensa de la familia impulsada por el PP.