La brecha lingüística

Hace unos días, se celebraba en la Universidad de Valencia un debate en torno al Pacto Lingüístico y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Estábamos invitados/as representantes de todas las formaciones políticas del País Valenciano, y los únicos ausentes fueron los que debían expresar las razones y argumentos del PP. Sin motivo aparente, el diputado del PP Joaquín Calomarde no compareció. Qué mejor lugar que el ámbito investigador/científico/culto por excelencia para debatir respecto a las diversas propuestas y/o pactos sobre la lengua. El problema es que no parece compatible el debate sosegado con el insulto y la descalificación que practica en los últimos tiempos Manuel Tarancón, máximo responsable de la educación y la cultura en el País Valenciano.

Las intervenciones en la mesa redonda oscilaron entre la apuesta por el secesionismo de UV, la posibilidad de que la academia resuelva el conflicto lingüístico si se cumplen una serie de condiciones, o las suspicacias respecto a la credibilidad de la propuesta del presidente del Consell, Eduardo Zaplana.

A pesar del tiempo transcurrido desde el 16 de septiembre de 1997, tengo que reconocer que sigo pensando exactamente lo mismo que en aquel momento. El acuerdo lingüístico, por lo que hace referencia a la concreción de una normativa reguladora del uso culto de la lengua, ya existe: son las Normas del 32. No hay ningún conflicto entre los científicos/as o los escritores/as. No obstante, durante la transición, la derecha valenciana propició un enfrentamiento utilizando como campo de batalla la lengua y la cultura, es decir, las dos señas de identidad más importantes de nuestro país, enfrentamiento que se extendió también a otros símbolos: denominación y bandera. De hecho, los primeros escritos en normativa secesionista no aparecen hasta 1974. Pero, a pesar de las renuncias que se plasmaron en el Estatuto de Autonomía, el conflicto político, alentado permanentemente por la derecha más reaccionaria, ha provocado un progresivo deterioro del uso social del valenciano. Así, y sin cuestionar los importantes logros de la Llei d'Us, la falta de firmeza del PSPV/PSOE permitió la indefinición entre normativa y normalización y la ubicación de ambas competencias en el ámbito político lo que no ha contribuido a resolver el problema. Puesto que se trataba de definir con precisión las áreas de actuación, parecía razonable, una vez aprobado el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana, transferir a este organismo las tareas de asesoramiento en materia del valenciano; pero los titubeos, la falta de decisión política, lo impidieron. Así llegamos a 1997, año en el que Eduardo Zaplana anuncia la elaboración de un dictamen del Consell Valencià de Cultura que se plasmará en la Ley de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua.

No podemos avanzar una lectura objetiva de esta propuesta sin enmarcar el contexto y las medidas y actuaciones políticas llevadas a cabo por el PP. En primer lugar, habría que resaltar la voluntad de acabar con UV, socio de gobierno al que se pretendía fagocitar para alcanzar la mayoría absoluta, y la dependencia mediática de Zaplana de los máximos voceros del secesionismo. Además, habría que recordar la coetaneidad de determinadas actuaciones del gobierno del PP: derogación del decreto de homologación de los certificados de conocimientos de la lengua expedidos en Cataluña, las islas Baleares y el País Valenciano; aplicación de la censura previa a los libros de texto y proyectos editoriales; criminalización de la utilización de determinados conceptos o términos como País Valenciano, unidad lingüística....; no aceptación de los estatutos de la Universidad de Valencia y de la Jaume I de Castellón; apoyo explícito a la Real Academia de Cultura Valenciana; boicoteo de los programas de implantación progresiva; denegación de subvenciones y apoyo institucional a las trobades y a las publicaciones escritas en valenciano... No obstante, lo más grave, como recordaba Mercé Teodoro, fue la payasada a la que se instó a las Cortes Valencianas proponiendo la votación de una moción de rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional, que de una forma contundente cerraba el paso a interpretaciones secesionistas. A todo esto habría que añadir que el PP ha seguido por la senda del desacierto y del desgaste. Su punto de partida no es, por mucho que se empeñen, el centro, inexistente en materia lingüística, su punto de partida sigue siendo la órbita del secesionismo. De ningún otro modo podrían explicarse las descalificaciones que el consejero de Educación, Manuel Taracón, continúa haciendo de la Universidad y el profesorado de primaria y secundaria, al que acusa de ser el responsable del descenso en el uso social de la lengua. ¿Es culpable el mundo de las letras de que ninguna de las falleras mayores de Valencia, a pesar de haber estudiado valenciano, use nuestra lengua en sus alocuciones públicas? Mala manera la suya de celebrar la fiesta que cada año congrega a miles de profesionales y usuarios/as de la escuela en valenciano. Cada vez que los máximos responsables políticos del PP pretenden culpabilizar a los defensores de la unidad de la lengua de la fractura, de la brecha lingüística, están haciendo más inviable la pretendida propuesta de pacificación. Cuatro años después de la propuesta y tres años después de la ley, tenemos una academia sin académicos y el conflicto se alienta desde el gobierno. Así no es creíble la existencia de una voluntad política capaz de cerrar el enfrentamiento y garantizar el incremento del uso social del valenciano.

Glòria Marcos i Martí es miembro del consejo de RTVV por Esquerra Unida.