La Comisión de la Energía inicia el proceso para desmontar el monopolio de Gas Natural

El plan del Gobierno, que contempla el reparto del 25% del gas contratado con Argelia y la venta de la mayoría de Enagás (propiedad al 100% de Gas Natural y dueña de la red de distribución) acumula ya cuatro meses de retraso. El reglamento que aprobará la Comisión de la Energía deberá pasar aún el examen del Consejo de Estado, con lo que, previsiblemente, la apertura efectiva del mercado se producirá en junio, con seis meses de retraso. El calendario de liberalización aprobado en junio del pasado año establece que todos los consumidores puedan elegir compañía desde el 1 de enero de 2003.

El incumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo en junio de 2000 de abrir el mercado del gas a la competencia en enero de 2001 se ha debido a la complejidad del proceso; al fracaso de la fusión Endesa-Iberdrola, que alteró todas las perspectivas del futuro mapa energético, y a la alarma provocada por el hundimiento del proyecto de liberalización eléctrica en California (EE UU), que ha obligado al Gobierno a reexaminar la situación del sector energético.

Control del gas argelino

La norma que examinará el jueves la Comisión de la Energía establece en qué condiciones accederán las empresas comercializadoras al 25% del gas que llega de Argelia a través del gasoducto del Magreb y que hasta ahora sólo controla Gas Natural.

Una subasta, a la que no podrá presentarse Gas Natural-Repsol YPF, determinará qué compañías dispondrán de 14.150 millones de termias (una termia equivale a un millón de calorías) de combustible para ofertar en el mercado durante tres años, 2001, 2002 y 2003. Gas Natural-Enagás obtendrá en la subasta un máximo de 50.000 millones de pesetas. Las compañías comercializadoras pagarán 0,48 pesetas por cada termia que suministren a sus clientes a través de la red de tuberías de Enagás y aunque el precio final está por determinar, los cálculos apuntan a que obtendrán un beneficio de entre 0,15 y 0,40 pesetas por termia sumnistrada.

Una veintena de empresas cuentan ya con autorización para la comercialización de gas y serán ellas las que se repartan el gas de la subasta. Entre ellas, se encuentran las cuatro eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) y las petroleras que operan en España (BP, Amoco, Shell, Cepsa y TotalFina, entre otras).

La liberalización del mercado del gas irá seguida de la venta de Enagás y de su red de transporte a las empresas del sector (Gas Natural, en principio, se quedará con un máximo del 35% de las acciones).

Asunto vital

Éste es un asunto vital para las empresas eléctricas y para Repsol YPF-Gas Natural. Para las eléctricas, porque necesitan gas para poner en marcha sus centrales eléctricas de ciclo combinado -los proyectos autorizados suman 5.600 megawatios de potencia- y para Gas Natural, porque de cómo se lleve a cabo el proceso depende que la compañía gasista pueda hacerse con más del 10% del mercado eléctrico, aspiración reiterada por su presidente Antoni Brufau.

Cuando el Ejecutivo anunció el plan de liberalización en junio del año pasado, las compañías eléctricas propusieron que Enagás se vendiera a partes iguales. Según este proyecto, se realizarían paquetes iguales con un 10% de la empresa que iría a parar a manos de los operadores del gas.

El Gobierno se juega también mucho en el envite. Un mal cálculo, 'una señal equivocada al mercado' según los términos que se utilizan en el sector, podría retraer las inversiones y comprometer la cobertura de la demanda de electricidad, que en los últimos cuatro años ha crecido un 25%.

El Ejecutivo confía en que los decretos de liberalización del gas, que han sido ampliamente debatidos con todos los interesados en el proceso (eléctricas, cogeneradores de energía, grandes consumidores...) contribuyan a una mejor planificación de las necesidades y de su cobertura. 'Mi impresión es que se ha logrado el consenso necesario con el sector' ha asegurado el secretario de Política Económica, Luis de Guindos.