MS reabre el debate sobre despidos masivos

La plantilla de Marks & Spencer puede sumar una nueva queja a su protesta por el cierre de las 38 tiendas que el grupo británico tiene en Europa continental. Su presidente, el belga Luc Vandevelde, firmó un contrato al hacerse con las riendas de la empresa, hace 18 meses, que le garantiza una bonificación de más de 200 millones de pesetas.

Pero el pago de este bono, que ni siquiera está sujeto a la mejora de los resultados financieros, es sólo un anécdota en comparación con el debate que ha abierto en todo el seno de la Unión Europea una decisión que dejará en la calle a finales de año a 4.400 personas, 3.350 fuera del Reino Unido y 786 en España.

Y es que este despido masivo, que ha coincidido con otros como el anunciado por Danone, ha puesto de manifiesto las lagunas de la legislación comunitaria para asegurar una protección mínima a los trabajadores en casos como éste en el que se dilucida su futuro.

M&S ni siquiera tuvo cuidado con las formas. Vandevelde siguió la tradición británica cuando anunció, el pasado 29 de marzo, la retirada del Continente europeo. La notificación se distribuyó simultáneamente a las oficinas londinenses de la Autoridad de Servicios Financieros, el ente gubernamental que regula la Bolsa, y, por otra parte, a los directores de los 38 locales comerciales afectados por la decisión de cierre. Ni los sindicatos ni los trabajadores fueron tenidos en cuenta y, de hecho, la mayoría de ellos se enteraron por los medios de comunicación que se habían quedado sin trabajo.

Al margen de los sindicatos

M&S ignoró esa formalidad del mismo modo que hizo caso omiso del compromiso de las multinacionales asentadas en la Unión Europea, con plantillas superiores a los 1.000 empleados, a consultar decisiones estratégicas con los llamados consejos laborales. Los sindicatos británicos conocen esta situación y han montado guardia contra M&S desde el comienzo de la crisis, a finales de 1989. Pero no están solos. Es más, el liderazgo de la lucha ha recaído en los colegas del continente, con los sindicatos franceses en cabeza seguidos de cerca por los belgas y alemanes.

La primera batalla se ganó en París, en las esferas judicial, política y social. Un tribunal de la capital francesa decidió el pasado 9 de abril suspender el cierre de los 18 comercios franceses e impuso al grupo una multa de 25.000 francos. Además, el primer ministro, Lionel Jospin, apoyó simbólicamente la protesta advirtiendo de que 'la lógica de los beneficios no debe ejecutarse en detrimento del empleo'. Y la eurocomisaria en materia laboral, Anna Diamantopoulou, celebró el fallo del Tribunal como 'una señal política de que las empresas deben respetar a los empleados por lo menos tanto como respetan a los accionistas'.

Pero, en el Reino Unido, predomina el pesimismo y la certeza de que M&S no dará marcha atrás y que, a lo sumo, la decisión judicial francesa provocará un, ligero retraso.

Pero, paradójicamente, el caso M&S puede tener repercusiones muy positivas para los empleados de la UE, ya que se ha renovado las presiones para se acepte la Directiva de Información y Consulta, bloqueada desde hace dos años, en la reunión del Consejo de Ministros prevista el próximo 11 de junio.

El Reino Unido e Irlanda son los únicos estados miembros opuestos a esta medida que obligaría a las empresas con más 50 trabajadores a informar de sus estrategias y consultar con la plantilla antes de tomar una decisión de la trascendencia de un plan de regulación como el de M&S, en lugar de lo que ocurre ahora, en el que, en el mejor de los casos, siempre se negocia con los representantes de los trabajadores después de adoptar la medida.

Uno de los que más presión están haciendo sobre el Gobierno británico que encabeza Tony Blair para que apruebe la directiva es Bill Morris, presidente del Congreso de Sindicatos Británicos (TUC). Pero aunque Blair reconoce como 'inaceptable' que el asalariado se entere por la prensa de que va a perder el puesto de trabajo, prefiere abogar por un régimen voluntario basado en la 'cultura del consenso' entre ambos agentes sociales.

Por eso, el primer ministro, pese a su extracción laborista, descarta la directiva de la comisión en su texto actual y defiende que la legislación sobre información y consulta debe fijarse a escala nacional, compartiendo los criterios de la Confederación de la Industria Británica (CBI), la patronal británica.

M&S se replegará a su mercado base pero contrariamente a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, su gestión de la crisis ha provocado un movimiento de repulsa general que ya está empezando a tener consecuencias en otros países como el anuncio del Gobierno francés de que adoptará medidas para penalizar los despidos indiscriminados y, en particular, los que se produzcan en empresas rentables. Un aviso que puede servir para que las grandes multinacionales se lo piensen antes de adoptar ajustes como el de la cadena británica de grandes almacenes.