Ansuátegui multa a siete participantes en una protesta a favor de Palestina

El delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, ha multado a siete personas -con 200.000 pesetas a cada una- que el pasado 3 de octubre participaron en una protesta a favor de los palestinos ante la Embajada de Israel, en la calle de Velázquez. El Comité de Solidaridad por la Causa Árabe pidió permiso, 'por vía de urgencia', para realizar la concentración, pero la delegación no aceptó que existiera tanta prisa y la prohibió.

En la protesta, pese a la prohibición gubernativa, participaron 200 personas. La delegación ha notificado a 21 de ellas que serán sancionadas. Pero sólo siete tienen por ahora confirmada la multa, contra la que únicamente cabe interponer un recurso contencioso-administrativo (muy costoso). El resto ha presentado alegaciones a la sanción.

Carlos Varea, presidente del Comité por la Causa Árabe, explica que la protesta se convocó al poco de estallar la segunda Intifada y que la urgencia con la que se notificó el acto a la delegación 'estaba justificada porque en pocas horas los hechos se precipitaron en Palestina, creando una gran repulsa en el colectivo árabe de Madrid'. 'El aviso de urgencia nos venía sirviendo hasta ahora con otros delegados del Gobierno, porque nuestras concentraciones siempre suelen ser pacíficas y en la acera. Pero el señor Ansuátegui intentó impedir nuestra protesta, que ni era masiva ni iba a crear cortes de tráfico o problemas de otro tipo, vulnerando derechos previstos en el artículo 21 de la Constitución', añade.

A Varea, que fue el convocante del acto, no le ha llegado aún la multa en firme (aunque sí la notificación) 'y, sin embargo, hay personas ya sancionadas que ni siquiera llegaron a participar en la concentración, pero a las que, cuando se acercaban a ella, la policía les pidió la documentación'.

El informe policial en el que se basan las sanciones indica que unos 200 manifestantes 'intentaron cortar el tráfico en la calle de Joaquín Costa'. Una vez que el grupo mayoritario se replegó hacia la plaza de la República Argentina, junto a Joaquín Costa quedó un grupo de unas 30 personas que, siempre según el informe de los agentes, 'intentaron desbordar el cordón policial'. Los manifestantes niegan, sin embargo, que se intentase cortar el tráfico, acceder a la legación israelí o romper el cordón policial. Aseguran que 'la protesta se inició con petición de la documentación y toma de datos personales por parte de los agentes y concluyó con una brutal e inesperada carga policial, en la que se produjo también una detención indiscriminada'.

Estas siete sanciones a los manifestantes a favor de Palestina se vienen a sumar a las dos que la Delegación del Gobierno impuso a finales de marzo a dos miembros de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (Recade) 'por instigar' la sentada pacífica celebrada el pasado 26 de noviembre en las escaleras del Congreso de los Diputados, que finalizó con una dura carga policial. Los dos sancionados de la Recade, Alfredo O., de 23 años, y José María Gustavo del Río, de 37, no fueron detenidos ni identificados el día de la protesta en el Congreso. De ahí su sorpresa cuando, en diciembre pasado, les llegó la notificación de la multa de 200.000 pesetas.

La delegación acusó a estos dos sancionados de 'ir y venir de la cabeza a la cola de la manifestación' animando a los participantes a proferir gritos por la abolición de la deuda externa y contra el Gobierno, así como el de 'vosotros sois los asesinos' (contra los agentes). Según el texto de la multa, 'también dieron consignas de aguantar los golpes y los posibles insultos que las fuerzas actuantes les pudieran dirigir'. Los dos afectados niegan estas acusaciones.

La actuación policial contra los manifestantes en actitud pacífica levantó fuertes críticas y llevó a la oposición a pedir explicaciones al entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien reconoció que la actuación fue 'excesiva'.

La Recade y el Comité por la Causa Árabe son dos de las 40 entidades que han denunciado a Ansuátegui ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 'por vulnerar el derecho de reunión'.