La tasa de paro de las personas con minusvalías triplica la media en Navarra

Un informe de la Cámara de Comptos, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas navarras, revela que éstas incumplen de manera bastante generalizada la abundante legislación aprobada para impulsar la inserción laboral de personas con minusvalías. La tasa de desempleo entre los 31.000 discapacitados que viven en Navarra (el 6% de la población) triplica la media en la comunidad foral, en donde en comparación en el caso de los hombres alcanza el pleno empleo. El informe de la Cámara subraya que el impacto real de las leyes que obligan a reservar plazas o dar prioridad a discapacitados en organismos públicos es mínimo.

Aunque la ley prevé que el 3% de los empleos públicos deberían ser ocupados por personas con minusvalías, lo cierto es que su presencia apenas alcanza el 1,2%. El trabajo, que ha fiscalizado el programa presupuestario, Discapacitados 1995-1999, señala que de las más de mil plazas de empleo en Administraciones públicas cubiertas en ese periodo, sólo 13 lo fueron por personas con minusvalías.

Señala también la Cámara de Comptos en su estudio que tampoco los pliegos de cláusulas administrativas contemplan la preferencia en la adjudicación de contratos a empresas que tengan en sus plantillas un mínimo de personas discapacitadas.

En Navarra, viven 31.000 mi-nusválidos, un 6% de la población. Más de 15.000 de ellos son menores de 66 años, y ell 44% vive en Pamplona. Sus tasas de paro triplican una media que, en la comunidad foral navarra, está dentro del pleno empleo masculino. Un informe de la Cámara de Comptos sobre el programa presupuestario Discapacitados 1995-1999 revela un notable incumplimiento de la legislación, algo que las asociaciones de disminuidos físicos y sensoriales de la región denuncian desde hace años.

El Gobierno de Navarra no llega al 3% de cobertura de plazas de empleo público que la ley exige para las personas con minusvalías. Apenas alcanza el 1,2%. De los 1.083 puestos de trabajo públicos cubiertos entre 1995 y 1999, sólo 13 lo fueron por personas con minusvalías. Este informe oficial reseña que los pliegos de cláusulas administrativas tampoco recogen la preferencia en la adjudicación de contratos a empresas que tengan en plantilla un mínimo de empleados discapacitados.

Entre los ayuntamientos la situación no es mejor. De todas las plazas municipales convocadas, el único municipio que materializó la reserva fue el de Burlada, en 1997. El resto o no lo han aplicado (casos de Pamplona o Barañáin) o no pueden hacerlo dada la escasa dimensión de su oferta pública.

La Administración ha incumplido también la resolución del Parlamento de Navarra de 4 de junio de 1997 que decidió igualar las oportunidades de empleo. Para ello se articularon medidas como la subvención del salario mínimo más la cuota a la Seguridad Social a las empresas que contrataran minusválidos durante un mínimo de seis meses. Entonces se estableció una reserva directa de puestos en las áreas de servicios generales y auxiliares de la Administración además de criterios y pruebas de habilidad específica para cada plaza reservada. Los beneficiarios debían ser personas con gran disminución física (más del 60%), sorderas profundas o disminución psíquica o enfermedad mental.

Los parlamentarios recogieron en normativa destinada a las empresas contratantes de servicios públicos con más de 25 empleados la obligación de contar en sus plantillas con, al menos, un 3% de trabajadores de este colectivo.

Aquellas buenas intenciones apenas han cuajado a juzgar por los datos fiscalizados por la Cámara de Comptos y ofrecidos por el propio Gobierno navarro. Un ejemplo: las empresas públicas sólo dan empleo a seis discapacitados. El departamento de Economía y Hacienda ha reconocido que apenas el 0,8% de la plantilla de las 25 sociedades públicas tiene minusvalías. El Estatuto de Personal de las Administraciones Públicas de Navarra establece un mínimo del 3%.

El vicepresidente navarro, Rafael Gurrea, se ha excusado por estas cifras. En una respuesta parlamentaria, Gurrea asegura que la última oferta pública de empleo 2000-20001 reserva 49 plazas para este colectivo, de las que 26 corresponden a la propia oferta y 13 procedentes de convocatorias anteriores en las que no se pudieron cubrir por el tipo de puestos, Policía Foral y consorcio de bomberos. El vicepresidente se lamenta de que en ciertos casos su escasa incorporación laboral se debe a 'la ausencia de candidatos' o a que no superan las pruebas.

Consciente de la situación, el Ejecutivo de UPN ha incluido en el proyecto de ley sobre el personal al servicio de las administraciones forales la preferencia de los minusválidos para la elección de vacantes sobre los aspirantes de turno libre.

Los partidos han presentado iniciativas para impulsar la inserción laboral de personas con minusvalías. CDN pide más inspección y rigor en la aplicación de la ley e IU propone incrementar al 5% la reserva de plazas en en Ayuntamiento de Pamplona e instar al Gobierno foral a cumplir lo que las leyes exigen. Ni más ni menos.