18 años de cárcel por una paliza

Un tribunal de La Habana condenó a tres ciudadanos cubanos a penas de entre 12 y 18 años de cárcel por propinar una paliza a una funcionaria municipal que ordenó el cierre de una pequeña cafetería privada en el céntrico barrio capitalino de El Vedado. La clausura del establecimiento, similar a las paladares o restaurantes privados pero de inferior categoría, se debió, según las autoridades, a las repetidas violaciones de los dueños del local de las estrictas normas que regulan el funcionamiento de este tipo de negocios particulares en Cuba.

El semanario oficial Tribuna informó de que el hecho ocurrió en noviembre, poco después de que la directora de Trabajo y Seguridad Social del gobierno del municipio ordenase el cierre temporal del local, que se dedicaba a la venta de pizzas y otros alimentos ligeros, después de comprobársele 'una larga lista de irregularidades'. Entre las violaciones observadas, Tribuna destaca el decomiso de 'sacos de harina y paquetes de queso de dudosa procedencia', la ausencia de la titular de la licencia para operar el establecimiento durante diversas inspecciones y el empleo de trabajadores no incluidos en el contrato.

Según el fallo del Tribunal Provincial de La Habana, dado a conocer esta semana, uno de los jefes del negocio, Lester Peña, de 28 años, contrató a dos jóvenes de la provincia occidental de Pinar del Río para que agrediesen a la funcionaria en represalia por la sanción impuesta. 'Péguenle muy duro por las piernas para que no pueda caminar nunca más, fue la orden de Peña', según Tribuna. Horas después del hecho, los autores de la golpiza fueron detenidos en el establecimiento. El autor material de los golpes, Alberto Morejón Aragón, de 28 años, fue condenado a 18 años de cárcel, mientras que su compinche, Jorge Luis Pérez Veítia, de 29, fue sentenciado a 15. La pena para Peña, por idear y organizar la agresión, fue de 12 años de cárcel.

El incidente es el más violento que se conoce hasta la fecha entre un trabajador por cuenta propia y una autoridad municipal encargada de hacer que se apliquen las restrictivas normas impuestas por el Gobierno cuando, hace seis años, decidió legalizar ciertas formas de iniciativa privada. Aunque la violación no sea grave -por ejemplo, tener 13 sillas en vez de 12 en el caso de los paladares-, una de las sanciones más comunes es el cierre por dos años.

Tribuna afirma que el veredicto 'ejemplarizante' del tribunal 'constituye una severa advertencia a aquellos que pretenden actuar casi siempre al margen de la ley, creyendo que la dignidad, la honestidad, la decencia, el desinterés y la probidad son virtudes desaparecidas ya de nuestros lares'.