Los síndicos catalanes ven posibles delitos en el Consorcio de Turismo

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, equivalente al Tribunal de Cuentas en la comunidad catalana, afirma que las irregularidades detectadas en la gestión del Consorcio de Turismo entre 1991 y 1995 podrían ser constitutivas de delito 'si se desprendiera la existencia de dolo'.

El informe fue encargado en junio de 1998 y, a pesar de estar concluido, se mantiene bloqueado sin entrar en el Parlamento de Cataluña, que es la máxima autoridad ante la cual reporta la Sindicatura. El consejero de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Antoni Subirà, ha ordenado que la Generalitat se persone en el caso.

El juzgado de instrucción número 11 de Barcelona investiga, desde principio de 2000 las irregularidades en el Consorcio de Turismo de Cataluña y mantiene imputado al militante de UDC y ex director del ente público, Joan Cogul, por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y negociación prohibida a funcionarios.

Los mecanismos de pago del Consorcio -que recuerdan a los de una 'caja B'- son, según la Sindicatura, 'poco controlables'. La esposa de Cogul y un grupo de empresarios vinculados a Unió Democràtica de Catalunya están imputados en la causa penal del juzgado de Barcelona. Algunos de estos militantes han tenido relación empresarial con el hasta hace pocos días secretario de organización de Unió, Josep Sánchez Llibre.

La Sindicatura alude a un extraño convenio con la PGA European Tours, por el que el Consorcio se comprometió a pagar 132 millones.