El Gobierno acepta regularizar a 20.789 ecuatorianos sin exigir que salgan de España

La idea de Fernández-Miranda para fomentar lo que denominó 'la cultura de la inmigración legal' se ha estrellado contra las cifras. El secretario de Estado conminó en febrero a los ecuatorianos que se hallaban en situación irregular a que volvieran a su país si querían obtener los papeles necesarios para trabajar en España. Se acogieron a su oferta 24.884 personas. Al precio del billete pactado entre el Ministerio del Interior y la compañía Iberia (130.000 pesetas), el coste de la operación se disparó hasta los 3.200 millones.

Hasta ayer habían viajado a Ecuador 2.175 inmigrantes, de los que habían vuelto a España sólo 649. Según declaró Fernández-Miranda al diario Abc, este desfase se debe a que el 85% de ellas (1.780) 'no tenían una oferta de empleo cierta, lo que ha ralentizado el proceso'. El delegado para Extranjería también reveló que los últimos viajeros para Ecuador saldrán el próximo día 24, y el último vuelo de vuelta llegará el 14 de mayo. 'En total serán 4.095 las personas que vayan a su país para regularizar su situación', dijo.

¿Qué ocurrirá con las 20.789 restantes? Fernández-Miranda ofrece una curiosa explicación. Según él, se trata de 'mujeres con hijos, embarazadas o quienes cuidan a mayores dependientes'. Por eso, 'siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, se acogerán al artículo 31 de la Ley [de Extranjería], que permite aplicar de forma flexible nuestra política de inmigración', afirma. Luego se felicita: 'Es un éxito que en tres meses hayamos sacado a 24.884 personas de la ilegalidad y de la explotación laboral y cumplido así el compromiso del Gobierno'.

'Puente aéreo'

Para cerrar su operación Ecuador, el Gobierno ha reservado 3.420 plazas de vuelta a Madrid en Iberia hasta el 14 de mayo, según declaró a EL PAÍS el embajador de España en Quito, Eduardo Cerro. Santiago Chaves, de la Oficina de Visados de la legación diplomática, ha afirmado que Iberia ha fletado dos vuelos más Madrid-Quito-Madrid a la semana: uno, permanente, los sábados, y otro los martes, dedicado exclusivamente al 'plan de retorno', pero sólo durante abril.

El Gobierno de Quito, con el que el Ejecutivo español acaba de firmar un convenio de inmigración, se ha enterado del frenazo a la operación Ecuador a través de los medios de comunicación. Una fuente de la Cancillería (Ministerio de Asuntos Exteriores) afirmó que en los últimos tiempos España les proporcionaba información 'escasa y por gotas'. También se han enterado por la prensa las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, que la semana pasada fueron advertidas de que el Gobierno se estaba replanteando el asunto y se hallaban a la espera de instrucciones.

En sus declaraciones, Fernández-Miranda se refiere al contingente laboral para el primer semestre, y afirma que estará formado por las 60.000 personas que se acogieron al último proceso de regularización y que fueron rechazadas porque no pudieron demostrar que se encontraban en nuestro país antes del verano de 1999, y por los 24.884 ecuatorianos. Y añade que el cupo del segundo semestre 'sólo podrá ser cubierto por personas que estén en el extranjero'.

Esta medida es considerada discriminatoria por ciudadanos de otros países que se encuentran en España. Mustafa El Merabet, portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), el mayor colectivo de extranjeros no comunitarios, recuerda al secretario de Estado que aún no se ha publicado ningún contingente en el BOE y que entre 50.000 y 60.000 compatriotas suyos se encuentran en situación irregular: 'Mientras no se resuelva su situación no podrá haber contingente', advierte. Y añade: 'El Gobierno está criminalizando la inmigración marroquí'.