El alivio del Gobierno

El Gobierno sintió 'un auténtico alivio' al saber que el sindicato CC OO estaba dispuesta a firmar el acuerdo sobre actualización de pensiones, según la descripción de uno de los miembros del Gabinete. Pero aún así estima que la negativa de la Unión General de Trabajadores (UGT) a firmar el pacto, y la posible ruptura de la unidad de acción sindical que ha venido funcionando en los últimos 13 años, se va a convertir en uno de los principales problemas políticos de los próximos meses y en un quebradero de cabeza para José María Aznar.

La ralentización del crecimiento económico y de la creación de empleo, unida a una nueva efervescencia sindical, amenazan con ensombrecer los principales objetivos políticos que se planteó el presidente del Gobierno al inicio de la legislatura, lo que el PP denomina 'programa de cohesión social' y que incluye el mantenimiento de la paz sindical. De ahí el enfado de Aznar y sus acusaciones de que se trata de una maniobra inspirada por el Partido Socialista, algo que los responsables del PSOE niegan.

'La estrategia sindical de UGT tiene riesgos y nosotros no la alentamos', afirma un dirigente socialista, que asegura que la nueva ejecutiva no ha discutido sobre la posición del sindicato y que José Luis Rodríguez Zapatero explicó telefónicamente a Cándido Méndez que comprendía sus críticas al desarrollo de la negociación, pero que el PSOE no apoyaría una convocatoria de huelga general.

El malestar de un sector importante de UGT era patente desde el fracaso de la primera mesa de negociación sobre las modalidades de contratación. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que despacha personalmente con el presidente sobre estos temas (pertenece al grupo que trabajó con Aznar en Castilla y León) tomó la decisión de legislar por decreto. 'El Gobierno enseñó músculo, su mayoría absoluta, y los sindicatos no fuimos capaces de reaccionar con contundencia', explica un dirigente ugetista.

La siguiente mesa de negociación trataba de un tema 'sensible': la actualización del llamado Pacto de Toledo y la reforma del sistema de pensiones. 'Hemos sido conscientes de que podíamos quedar en una situación muy mala si no conseguíamos que al menos CC OO aceptara firmar. Es cierto que hemos respirado', reconoce un diputado del PP que participó en la elaboración del programa social de su partido.

La necesidad y la forma de conseguir el apoyo de CC OO ocupó un largo rato en la reunión que mantuvo Aznar la semana pasada en el palacio de La Moncloa con varios especialistas, entre ellos el secretario general del PP, Javier Arenas, que fue ministro de Trabajo en el primer Gobierno popular y al que se considera responsable del anterior pacto social.

El acuerdo cumple el programa electoral del Partido Popular en lo relativo a pensiones de viudedad y orfandad, según la versión de los negociadores populares. Un dirigente del partido admite, sin embargo, que el pacto no ha entrado en el fondo del problema, porque no fija dotaciones para el fondo de solidaridad y porque simplemente aplaza a 2003 la discusión sobre cómo se calcularán las pensiones: con los últimos 15 años cotizados, como ahora, o con periodos más largos (lo que supondría pensiones más baratas). 'Ése es, sin duda, un tema crucial, potencialmente explosivo, que interesa a todo el mundo, pero no es urgente, no tenemos por qué enzarzarnos ahora, cuando está subiendo el número de afiliados al sistema de la seguridad social'.

Al margen de los contactos que se puedan mantener esta semana de cara a la celebración del 1 de Mayo, los dirigentes de las centrales sindicales tienen que plantearse inmediatamete cuál será su actitud frente a la tercera pata de la reforma laboral, la que trata de nuevas modalidades de negociación colectiva.

La reunión con la patronal no tiene todavía fecha, pero será, sin duda, complicada. Se trata de cambiar la forma de negociar los convenios colectivos para que se ajusten más a las condiciones de productividad de cada empresa y menos a las normas acordadas en las grandes negociaciones nacionales o provinciales para sectores completos de producción. Es muy posible que UGT y CC OO tengan puntos de vista similares en este campo, que afecta además directamente al poder de las propias burocracias sindicales.