El PNV se querella con el Gobierno de Aznar por no devolverle el patrimonio
El PP denegó a los peneuvistas la restitución de su sede de París
El bufete de abogados contratado por el PNV presentó ayer en los juzgados de Madrid una querella criminal contra el subdirector general de Patrimonio, Miguel del Val, por prevaricación y por no garantizar el principio de legalidad recogido en el articulo 9.3 de la Constitución.
El Consejo de Ministros del pasado 22 de enero denegó el expediente relativo a la devolución del citado edificio, sede de la delegación vasca en el exilio desde 1937 hasta 1940 y desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial hasta 1952. El edificio fue devuelto a Franco con base en una sentencia judicial en la que se señalaba que los fondos para su compra 'provinieron de expolios realizados por el PNV y el Gobierno vasco a ciudadanos españoles en la Guerra Civil'. El PNV ha logrado reunir pruebas de cómo un afiliado norteamericano recaudó fondos (65.000 dólares) que remitió a una familia mexicana con los que se adquirió el Palacio de la avenue Marceau, que hoy alberga el Instituto Cervantes. Un miembro de la dirección del PNV de la época, Elias Etxeberria Otaola, confirma esos extremos en su declaración.
Pero el partido no pudo presentar esas pruebas durante la tramitación del expediente, que comenzó el 17 de abril de 2000. 'Hasta el 29 de septiembre no tuvimos ninguna comunicación oficial. Ese día, Patrimonio nos dice que el caso ya está calificado y que teníamos 10 días para presentar alegaciones y presentar pruebas adicionales a un expediente que sólo tenía dos folios', explica el abogado Guillermo Ibarrondo.
Tras bucear en los archivos estatales, los letrados encontraron un índice sobre el caso que remitía a más de 600 folios. El 12 de diciembre piden a Patrimonio que les envíe la documentación completa. El Consejo de Ministros resolvió negativamente el 22 de enero y el 7 de febrero Patrimonio les contesta preguntándoles 'qué documentos concretos' quieren. Finalmente, el 13 de marzo les remitieron los 600 folios. El caso está recurrido ante el Tribunal Supremo.
Los otros 18 expedientes, relativos, entre otros, a batzokis (sedes del partido) incautados durante la guerra, a cuentas bancarias y a edificios que albergaron los periódicos Euzkadi y La voz de Navarra, 'permanecen parados desde hace ocho meses'.
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