El PP rectifica y apoya las normas de las pruebas de selectividad que discriminan el castellano

La proposición no de ley, presentada por el diputado popular Francesc Vendrell en la Comisión de Cultura de la Cámara catalana, emplazaba al Ejecutivo a 'garantizar' el derecho de los estudiantes a recibir el cuestionario del examen en cualquiera de las dos lenguas oficiales. La actual aritmética parlamentaria y las últimas fricciones entre CiU y el PP abrían la posibilidad de una nueva discrepancia entre los dos partidos que sostienen al Gobierno. Sin embargo, Vendrell aceptó finalmente introducir una enmienda cambiando garantizar por reafirmar, de modo que el texto final de la proposición asegura que este derecho ha estado siempre garantizado.

La norma actual establece que los cuestionarios de los exámenes se reparten redactados en catalán y los alumnos que tengan problemas de comprensión pueden dirigirse al tribunal para que les aclare las dudas. En caso de que sea imposible deshacer las dudas, el tribunal puede entregar un examen en castellano al alumno afectado. El examen, por ley, puede ser realizado en cualquiera de las dos lenguas.

La proposición enmendada fue aprobada por unanimidad, de modo que los diputados piden al Ejecutivo que 'reafirme el derecho de los alumnos a recibir las pruebas de acceso a la Universidad y el resto de exámenes que se realicen en las dos lenguas oficiales de Cataluña, tanto en catalán como en castellano, en el momento que lo soliciten'.

Sentencia del TSJC

El pasado 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó que la actual normativa es 'discriminatoria' porque sólo prevé que se distribuyan copias del examen en castellano a aquelllos alumnos que desconocen la lengua catalana. El TSJC daba la razón a la profesora Josefina Albert, de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que fue expedientada por el rector de la misma tras haber informado al Defensor del Pueblo de esta práctica. Por este incidente, el rector Lluís Arola deberá enfrentarse a un proceso por prevaricación cuya vista oral está prevista para dentro de dos semanas.

Tanto en el caso de la profesora Albert como en los que llevaron a la suspensión de los reglamentos de usos lingüísticos de la propia URV y de la Pompeu Fabra (UPF), desempeñó un importante papel la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), hasta hace poco presidida por el eurodiputado del PP Aleix Vidal- Quadras. Ayer, sin embargo, Vendrell se desmarcó totalmente de estas posiciones. La cuestión de las lenguas en las pruebas de selectividad, dijo, 'funciona bien', aunque se produzcan 'pequeñas disfunciones' que 'no surgen de una mala voluntad, sino de un exceso de celo'.

La conversión del diputado popular fue recibida con alborozo por el resto de partidos del arco parlamentario catalán, que votaron unánimemente en favor de la proposición no de ley modificada. A juicio del convergente Joaquim Ferrer, el cambio introducido por el PP 'encarrilaba' la iniciativa en el sentido de 'lo que es nuestra obligación y tradición: proteger el bien espiritual y cultural que es nuestra lengua'.

También el socialista Josep Maria Carbonell se felicitó por el cambio. 'No se puede utilizar el tema de la lengua para crear problemas donde no los hay', dijo. Josep Bargalló, de Esquerra Republicana de Catalunya, aseguró que la norma de las pruebas de acceso a la Universidad 'es un caso ejemplar de normalización lingüística (...); hace del multilingüismo una bandera, sin olvidar que hay una lengua propia'. El portavoz de IC-V, Joan Boada, que expresó su sospecha de que el PP había presentado la proposición con fines 'mediáticos', sugirió que debía retirarse por considerar que era 'ridículo' reafirmar un derecho que ya está garantizado.