El regreso del franquismo

Recientemente, Manuel Vázquez Montalbán publicó en EL PAÍS un clarificador artículo denunciando los excesos del Gobierno en la represión de personas y colectivos que se enfrentan a su política. Eduardo Haro Tecglen, en su escondida pero lúcida columna, denuncia la mutación de la democracia que estamos viendo/padeciendo.

Quisiera aportar una experiencia personal sobre el tema: durante la dictadura fui detenido, procesado y multado en diversas ocasiones por ejercer los derechos de reunión, manifestación, asociación y expresión, entonces prohibidos. Reconocidos esos derechos por la Constitución, los he seguido ejerciendo, cuando me ha sido posible, en defensa de las causas que considero justas. El pasado 3 de octubre acudí a una concentración, ante la Embajada de Israel en Madrid, para protestar por la represión ejercida contra los palestinos. En ella había un grupo de personas en la acera lejana a la embajada y policías. A los pocos minutos un policía me exigió abandonar el lugar o entregarle el DNI. Le entregué el documento al considerar que no hacía nada ilegal; poco después, al ver que no se podía llevar a cabo la concentración (alguien dijo que no había sido autorizada), me ausenté de la zona sin que, hasta ese momento, se hubiera producido alteración alguna del orden público.

El 20 de noviembre (¡qué casualidad!) recibí una carta certificada notificándome la sorpresa de que la Delegación del Gobierno de Madrid me iniciaba un expediente sancionador, atribuyéndome ser representante legal del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (que al parecer fue el solicitante de la manifestación) y haber participado activamente en los incidentes. Posteriormente, y haciendo caso omiso de mi recurso (en el que alegué no ser representante legal, ni estar afiliado a dicho Comité, ni haber participado en ninguna alteración del orden público), se me comunicó una sanción de 200.000 pesetas. Tras interponer un nuevo recurso, he recibido otra resolución en la que se reconoce que no figuro como representante legal, pero que se ratifica la sanción de 200.000 pesetas.

Sólo es un caso más de los muchos que, supongo, se vienen produciendo, pero que me indica que este Gobierno pretende atemorizar con estas sanciones para que nadie acuda a actos de protesta contra sus decisiones políticas y que los archivos de la policía franquista continúan funcionando, ya que algunos de quienes hemos participado, modestamente, en la lucha por las libertades (ya nos han dicho quiénes son los artífices de la democracia) continuamos, 25 años después, siendo considerados un peligro social.