Barcelona reclama 6.000 millones de impuestos no abonados por Telefónica

La segregación de empresas de Telefónica tiene un gran damnificado: el Ayuntamiento de Barcelona, que ha dejado de ingresar unos 6.000 millones de pesetas, según cálculos municipales. La ley establece que los ayuntamientos cobran el 1,9% de la facturación de Telefónica, por ser una empresa de servicios. A cambio, éstas quedan exentas de tasas municipales. Desde 1996, Telefónica ha aumentado su facturación, pero Barcelona percibe mucho menos porque las actividades segregadas han dejado de ser contabilizadas por la matriz.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, ha remitido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, un requerimiento para que deje clara la posición de Telefónica respecto a los impuestos municipales. La empresa está exenta del pago de diversas tasas municipales: impuesto de actividades económicas, sobre vehículos de tracción mecánica, la antigua plusvalía sobre terrenos urbanos, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, además de las relativas a la ocupación de dominio público. A cambio, la empresa abona al Ministerio de Hacienda el 1,9% de sus ingresos y el Gobierno los distribuye territorialmente y entrega una cantidad determinada a cada municipio.

El área de Economía del Ayuntamiento de Barcelona tenía unas expectativas de ingresos por este concepto que, en su opinión, debían adaptarse a los ingresos de la empresa. A tenor de sus memorias, en 1997 se registró un incremento del 13,6% respecto al año anterior; en cambio, los ingresos municipales sólo aumentaron el 5,4%. El aumento de 1998, siempre con referencia a 1996, fue del 18,9%; el incremento municipal, del 6,9. Y el vaso de la paciencia municipal se colmó en 1999: los ingresos de la compañía eran un 28,5% superiores a los de 1996, pero la aportación a la ciudad se redujo en un 5,5%.

Los contables municipales empezaron a echar cuentas y a sospechar que Telefónica sólo pagaba por la empresa madre y dejaba las nuevas firmas y las segregadas fuera de la aportación. Sólo el negocio de móviles casi se triplicó en esos años. En 1996, Telefónica ingresó por este apartado 259.118 millones. En 1999 fueron 622.107 millones y el pasado año, 798.075 millones.

El Gobierno no detalla los motivos por los que un ayuntamiento recibe una u otra cantidad, por lo que el ayuntamiento no podía pasar de la sospecha. No obstante, la propia compañía acudió en su auxilio. El pasado 17 de enero, en unas jornadas sobre tributación local, un alto cargo de Telefónica reconoció que la firma no incluía el negocio de los servicios móviles en la partida para calcular las aportaciones a los municipios. Telefónica sostiene que este negocio no está regulado y, por tanto, cumple la ley. No lo cree así el gobierno de la ciudad de Barcelona, que encargó diversos estudios jurídicos que, afirma, le dan la razón.

La base argumental es simple: el negocio de móviles debe estar regulado por las mismas normas que las de empresas similares (Telefónica, pero también las de servicios públicos como el agua, el gas o la electricidad). En caso contrario, la empresa de móviles tiene que pagar las tasas de las que Telefónica está exenta. Lo que no puede ser, explicaba ayer el concejal responsable de Hacienda, Ernest Maragall, es que no pague por ningún concepto.

Los cálculos efectuados por el Ayuntamiento de Barcelona sugieren que Telefónica ha dejado de pagar unos 50.000 millones de pesetas a Hacienda en relación exclusivamente con el servicio de móviles. De esta cantidad, unos 6.000 millones corresponden al Ayuntamiento de Barcelona.

La cantidad es importante. No obstante, sostiene Maragall, es mucho más importante regular la situación de una vez y no dejarla al albur de las interpretaciones de una empresa o un ayuntamiento. Y, sobre todo, que la información sea transparente. El Gobierno debería detallar los motivos por los que la cantidad es una y no otra.

De ahí que Clos se haya dirigido a Hacienda para pedirle que tome una decisión al respecto. También ha comunicado el hecho al resto de ayuntamientos de España que, supuestamente, están en la misma situación. 'No se trata de abrir una guerra', afirma Maragall, 'se trata de dejar claros los derechos y los deberes, de las empresas y de las administraciones afectadas'. 'Las haciendas locales no pueden verse sangradas perpetuamente', añadió, recordando que también pueden perder el IAE.