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Los socialistas Cano y Sánchez se adelantan a la ejecutiva y piden su baja 'cautelar' de militancia

Las ejecutivas regional y federal mantuvieron ayer un cierto forcejeo porque la primera discrepaba de la celeridad con la que la federal quería actuar contra sus dos afiliados. Pero esta iniciativa de los dos afectados resuelve el atisbo de crisis que parecía amenazar a las dos cúpulas, aunque unos y otros seguirán la instrucción que tenían prevista. La dirección regional, por un lado, nombró a Antonio Romero y a Ruth Porta, responsables de organización y política institucional, respectivamente, instructores del caso. La ejecutiva federal, por su parte, instó a la comisión de ética a abrir un expediente informativo. Mañana, esta comisión iba a mantener su primera reunión.

Los dos afiliados vinieron anoche a resolver uno de los asuntos formales que enfrentaban a las direcciones regional y federal, esto es, a quién corresponde tomar la iniciativa. La Ejecutiva federal tendrá que decidir en las próximas horas si pide a Cano y Sánchez que abandonen sus puestos institucionales. Antonio Romero afirmó ayer que ambos le habían trasladado su intención de no perjudicar a la FSM, 'ahora que había entrado en una senda de paz interna y de trabajo hacia los ciudadanos'.

Horas antes de que Cano y Sánchez tomaran esa iniciativa,los socialistas madrileños habían rechazado la decisión de la ejecutiva federal de suspender de militancia de forma cautelar e inmediata a Cano, vicepresidente de Telemadrid y ex consejero de Cooperación con Joaquín Leguina, y a Fernando Sánchez, concejal del distrito de Latina. La dirección de la FSM prefería esperar a que haya 'indicios suficientes' del presunto cohecho (soborno a un funcionario público) del que se acusa a ambos. Rafael Simancas, secretario general de la FSM, anunció, antes incluso de que se reuniera la comisión permanente de la Ejecutiva, que su intención era aguardar un pronunciamiento judicial sobre la veracidad de la denuncia.

Cano y Sánchez fueron denunciados por la propietaria de un prostíbulo ubicado en Latina como presuntos autores de un delito de cohecho por haber aceptado, según ella, seis millones de pesetas a cambio de allanar los trámites burocráticos de apertura de un club de alterne. La denuncia de la dueña del local aún no ha sido admitida a trámite por la juez encargada del caso.

Simancas, en contra de la postura de la dirección federal -partidaria de suspender inmediatamente de militancia a los acusados-, rechazó tomar decisión alguna respecto a los dos cargos socialistas en tanto no se comprobaran los hechos.

Helena Almazán, portavoz adjunta del grupo socialista en la Asamblea de Madrid y miembro de la ejecutiva de la FSM, también se mostraba contraria a seguir el camino abierto por la dirección federal, que el mismo lunes avanzaba que ya tenía decidida la 'suspensión cautelar de militancia para los implicados'.

Almazán, que dijo representar a la totalidad del grupo y a la propia ejecutiva, aprovechó ayer su comparecencia tras la Junta de Portavoces de la Asamblea para expresar su convencimiento de que eran los órganos regionales quienes debían intervenir y decidir sobre este caso. 'Hemos pedido a la ejecutiva federal que nos deje actuar a nosotros. No necesitamos a nadie que nos recuerde cuál es nuestro trabajo', afirmó en claro mensaje a Ferraz.

La diputada defendió 'la presunción de inocencia' de Cano y Sánchez y comparó este caso con otros que afectan al PP. 'Es increíble que estemos concediendo la presunción de inocencia al alcalde de Ponferrada en las acusaciones de acoso sexual y se lo estemos negando a compañeros nuestros', lamentó. '¿Qué haremos si luego se demuestra su inocencia?', preguntó.

Pero hubo otros socialistas, como la diputada Mari Luz Martín Barrios, de la misma agrupación (Latina) que Sánchez, que exigieron por el bien del partido que se aplicara con carácter inmediato la suspensión de militancia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de abril de 2001