El PSOE suspende cautelarmente de militancia al ex consejero Virgilio Cano

La dirección socialista, encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero, ha encomendado al secretario de organización, José Blanco, que tome las medidas que le parezcan más adecuadas, entre ellas la de suspender a Cano y Sánchez de militancia mientras se instruye el expediente informativo. La decisión se formalizará hoy, tras una reunión de Blanco con su homólogo en la FSM, Antonio Romero.

Por segunda vez en dos años, Cano se verá ante la comisión de ética del PSOE. En 1999 se investigó el aumento de patrimonio del ex consejero socialista (perteneció durante años al gobierno regional presidido por Joaquín Leguina) y se decidió no incluirle en las listas de las elecciones autonómicas. Sin embargo, se le nombró luego vicepresidente del Consejo de Telemadrid por el PSOE, algo que incomodó a la anterior comisión de ética, presidida por el ex ministro Tomás de la Quadra, que dimitió en bloque.

Tanto los anteriores dirigentes del PSOE como los actuales admiten que sus prevenciones hacia Cano se sustentan en el 'terreno de las convicciones' y no en el de pruebas concluyentes, pero sí ven base suficiente para suspenderle de militancia. Hay una dato concreto: la denuncia de la dueña del prostíbulo Las Brisas, pero no parece que haya pruebas para una acusación formal. La propietaria, según el diario El Mundo, contó a la policía que Cano cobró un primer plazo de dos millones de pesetas (de un total acordado de seis millones) por agilizar la licencia, y que Sánchez estaba implicado.

'Soy inocente'

Cano aseguró ayer que no conoce a esta señora 'de nada' y que nunca ha estado en el local. 'Se habla de que existe una transferencia bancaria: eso es fácil de demostrar. Lo que pido es que se investigue, porque no hay ninguna prueba. Lo único que aporta esta señora es una servilleta en la que figura mi nombre, escrito con B, y mi teléfono; eso es todo. Es muy fácil, con peritos caligráficos, demostrar que no es mi letra'. Fernando Sánchez rechazó asimismo las acusaciones lanzadas sobre él por la dueña del local.

Aun así, las ejecutivas federal y regional han decidido esta suspensión cautelar de militancia. Fue el responsable de ciudades y política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, quien ayer sacó este asunto en la reunión de la ejecutiva federal, y varios intervinientes respaldaron que dicha medida cautelar debía imponerse. La decisión se ha tomado, según las fuentes informantes, 'en convergencia con el criterio expresado por la ejecutiva de la FSM', que dirige Rafael Simancas.

Al no haber pruebas concluyentes, los dirigentes del PSOE consultados reconocen que aún no se ha planteado que ambos abandonen sus cargos, pero precisan que, si la investigación interna concluye que hay razones 'éticas' para hacerlo, no dudarán en pedirles que dimitan. Estos interlocutores precisan que la comisión de ética carece de facultades para hacer 'juicios' y que se limita a elaborar un expediente informativo basándose en los hechos denunciados y en los testimonios de los afectados.

La comisión se reunió anoche en la sede federal para estudiar la idoneidad de los componentes de las listas electorales para el País Vasco, pero su orden del día se amplió con la apertura de un expediente informativo sobre los dos cargos madrileños. La comisión está presidida por el diputado socialista valenciano Ricard Pérez Casado, la diputada por Madrid Rosa Conde, los profesores universitarios Julio Pérez Fernández y Juan Muñoz y la eurodiputada Francisca Sauquillo.

Todos ellos saben que sus antecesores dimitieron por el caso Cano, y así se lo hicieron saber a la nueva ejecutiva que salió del 35º congreso, el pasado mes de julio. El equipo de Rodríguez Zapatero, sin tener conocimiento de estos antecedentes, ratificó a todos en sus puestos sin consultarles, valorando su experiencia y valía. Al día siguiente, la nueva ejecutiva supo por Tomás de la Quadra que su dimisión era irrevocable, por lo que tendría que nombrar a otros. Así se hizo en un comité federal de hace unos meses.