Segundo examen de las actividades de Cano desde 1999

Virgilio Cano (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1955), actual vicepresidente del Consejo de Administración de Telemadrid, fue consejero socialista de Gobernación entre 1983 y 1987 y de Cooperación desde 1987 a 1996, siempre a las órdenes del entonces presidente regional, Joaquín Leguina.

Como consejero de Cooperación fue responsable de las inversiones de la Comunidad en 178 municipios. A juicio del PP, fue también responsable de contratos irregulares que salían de su consejería y que motivaron una comisión de investigación. Una empresa, Construcciones Atocha, recibió trato de favor en las adjudicaciones de obras de la Comunidad, y el juez imputó dos delitos de estafa y falsedad a dos funcionarios de la consejería que dirigía Cano. El ahora consejero de Hacienda y en 1995 diputado regional por el PP, Manuel Cobo, concluyó entonces: 'En la Consejería de Cooperación anida la corrupción'.

El caso Atocha puso a Cano en el centro de la diana de la oposición desde 1992. La conclusión del PP sobre las presuntas irregularidades de la Consejería de Cooperación es que se adjudicaron contratos por valor de 2.900 millones de pesetas a una red de empresas controladas por los familiares de un funcionario.

No fue ésta la única vez que Virgilio Cano se vio en el ojo del huracán. A principios de 1999, una denuncia anónima puso en marcha los resortes de la Comisión de Ética Federal del PSOE, presidida entonces por el ex ministro de Justicia Tomás de la Quadra. A Virgilio Cano y a un diputado socialista, Fernando Abad, se les acusaba de un supuesto incremento injustificado de su patrimonio personal durante los últimos años. En el dictamen final de la Comisión de Ética del PSOE se solicitaba a la Federación Socialista Madrileña (FSM) que ni Cano ni Abad figuraran en la lista electoral del PSOE a las elecciones autonómicas de 1999.

Cano fue nombrado en septiembre de 1999 vicepresidente del Consejo de Administración de Telemadrid en representación del PSOE. Un grupo de destacados militantes de la FSM entregó una carta al que entonces desempeñaba el cargo de secretario general, Jaime Lissavetzky, en la que pedían que se le destituyera. 'Es complicado poder explicar que lo que no es conveniente para la Comisión de Ética sí lo es para la FSM', rezaba el escrito. Lissavetzky le mantuvo en el cargo.