Cuotas con subterfugio

La Administración reconoce que las escuelas privadas concertadas no pueden cobrar una sola peseta por escolarizar a sus alumnos. Sabe también que el recurso a fundaciones opacas para recolectar este dinero es ilegal. Pero cuando los padres protestan, Enseñanza se limita a aplicar un inocuo proceso administrativo y permite que el centro denunciado siga haciendo lo mismo. En octubre de 1999, en una asamblea de padres de la Escuela Pía de Olot, un grupo pidió información sobre el destino del dinero que se les cobraba por medio de un recibo destinado a la Fundación Joan Profitós. Carme Grau, madre de un escolar con síndrome de Down, insistió en reclamar estos datos.

'Lo que tiene que hacer es pagar y callar', le espetó otra madre apropiándose del micrófono. 'Aún tendría que dar gracias porque acepten tener a su hijo en clase', añadió. El matrimonio formado por Llorenç Panella y Carme Grau decidió cambiar de escuela a su hijo e iniciar un proceso para denunciar el cobro ilegal de mensualidades por parte de los centros privados concertados a través de fundaciones y reclamar su devolución.

La Escuela Pía fue muy concisa al preguntársele la razón por la que los recibos se habían de desdoblar en uno para la escuela y otro para la Fundación Joan Profitós. 'Hace unos años facturábamos un recibo por los costes de la enseñanza. Ahora las orientaciones del Departamento de Enseñanza nos llevan a desdoblar el recibo en dos partes. Una, a la que llamamos de escuela, que tiene una cantidad máxima que no podemos superar. Y otra, de la fundación. Si juntan las dos cantidades, sabrán lo que les cuesta la educación de sus hijos'.

Los Panella denunciaron el hecho al Departamento de Enseñanza. Lo primero que descubrieron fue que sus denuncias se convertían en pelotas que todo el mundo se pasaba sin que nadie las quisiera. Diez meses tardó la Administración en reaccionar, aunque sólo fuera para constituir la comisión de conciliación que prevé la ley en estos casos por 'indicios de presuntos incumplimientos de las obligaciones derivadas del régimen de conciertos por parte del centro'.

Los Panella, sin embargo, optaron por abrir varios frentes: el Síndic de Greuges y el Departamento de Justicia. El Síndic admitió a trámite su queja, pero seis meses después les comunicó que Enseñanza le daba la callada por respuesta. Escribieron a la entonces consejera de Justicia, Núria de Gispert, sin ningún resultado.

A finales de octubre pasado se reunió la mencionada comisión de conciliación, que componen representantes de la escuela concertada y de la Administración, pero a la que no tienen acceso los padres que plantean la queja. La comisión no pudo por menos que dar la razón a los padres, pero a estas alturas, más de seis meses después, los Panella no han recibido una sola peseta de las que supuestamente pagaron de más a la fundación ni parece que vayan a hacerlo. Todo lo que han recibido ha sido una carta de disculpa de la Escuela Pía por haberles cobrado.

La Fundación Profitós sigue recibiendo la mitad, más o menos, de los pagos que los padres realizan para escolarizar a sus hijos en una escuela que recibe financiación pública y que, legalmente, debería ser gratuita.

Enseñanza pretende que todo se arregle sin escándalo y recomienda al centro que haga una circular más clarificadora sobre el sistema de pagos y que pida disculpas a la familia Panella.