Involución en la política educativa de la Generalitat

La política educativa del Gobierno de la Generalitat se ha caracterizado siempre por una falta de voluntad para crear una escuela pública que tenga como objetivo la equidad, entendida como el hecho de dar a cada alumno lo que necesita, que no es lo mismo que la igualdad, equivalente a dar lo mismo a todos.

Esta premisa se concreta en la creación de una doble red de escuelas públicas y privadas concertadas que subvierte todo el sistema. El modelo de CiU en estos 21 años se concreta en unas inversiones en enseñanza muy bajas (un 2,4% del PIB, cuando la media europea es del 6%), en no desarrollar con fuerza y decisión la formación profesional, en una desatención de la educación de 0 a 3 años y de la educación de adultos, en no facilitar la gratuidad progresiva de los libros de texto y el material escolar (actuación que sí han llevado a cabo las comunidades de Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha), y en mantener un profesorado desmotivado en la escuela pública por falta de estímulos y reconocimiento, y en la concertada por las débiles condiciones contractuales y laborales. En definitiva, el modelo no sirve para potenciar la cohesión social y disminuir las diferencias, sino todo lo contrario.

Este modelo, que obedece a una ideología conservadora, entra en los últimos años en una involución derechista de consecuencias muy graves para nuestra sociedad.

Voy a poner tres ejemplos para ilustrar la afirmación: el decreto de matriculación (que no es nuevo), el proyecto de decreto que regula los centros que acojan de manera regular a niños y niñas de hasta seis años, y la vorágine de conciertos irregulares con la escuela privada.

Es sintomático del carácter prepotente y autoritario del Departamento de Enseñanza que apruebe un decreto de matriculación con la oposición de los sindicatos, del profesorado, de los padres y madres, y de la Federación de Municipios; que no haga caso de las recomendaciones del Consejo Escolar de Cataluña, y que, en un arranque de soberbia, exija al Síndic de Greuges que dé alternativas cuando critica el documento. Todo el mundo en contra menos los centros privados concertados, que pueden mantener su negocio sin obstáculos. Un decreto que, según palabras del Síndic de Greuges, es 'poco decisivo para garantizar la integración efectiva de los alumnos inmigrantes'. Un decreto que no considera la necesidad de un punto único de información sobre el proceso de preinscripción, ni una comisión de escolarización permanente, ni contempla el papel decisivo de los ayuntamientos en la planificación de las plazas escolares, ni tiene el mismo nivel de exigencia y control en la red pública que en la privada. En definitiva, un decreto que no garantiza el derecho a la educación de los niños y jóvenes, y no preserva la igualdad en el acceso a la educación.

El segundo síntoma de involución lo demuestra la vorágine de concertaciones de escuelas privadas religiosas y laicas que hace el departamento. Concertaciones que vulneran el derecho a la educación. Se concierta con escuelas que discriminan a los alumnos por razones de sexo (Opus Dei), en zonas pudientes con excedentes de oferta educativa sostenida con fondos públicos, con centros que no garantizan un mínimo de calidad al tener una sola línea de ESO y muchos de ellos cobran importantes cifras a los padres para fundaciones o para reservas de plaza antes del límite legal. Mientras que se subvencionan estos centros, la Generalitat destina para los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de situaciones sociales desfavorables (pobreza) 10.000 pesetas por alumno y año. Toda una demostración de fomento de la cohesión social de la conservadora consejera de Enseñanza.

La guinda a este proceso la pone el proyecto de regulación de los centros de cero a seis años: todo un ejemplo de desregulación del sector y de potenciación de la iniciativa privada.

El borrador del proyecto establece tres tipos de centros:

a) Escuelas de educación infantil: con función educativa, con control directo del departamento y sometidas a leyes educativas.

b) Guarderías: con función asistencial y educativa si hace falta, control compartido entre ayuntamientos y el departamento, y no sometidas a leyes.

c) Servicios de atención a la infancia: con finalidad de guardia y custodia, sin ningún control y en función de las necesidades de los padres, y sin garantía de titulación del personal que esté a cargo de estos niños y niñas.

Es la aplicación del liberalismo más salvaje, del sálvese quien pueda aplicado a la educación infantil. Si no, ¿cómo se explica que se intente regular el segundo ciclo de educación infantil (se tres a seis años) si ya están escolarizados en una etapa educativa más de un 90% de los niños y niñas de Cataluña? Con este decreto, el Departamento de Enseñanza renuncia al despliegue de la LOGSE en la etapa que va de cero a tres años y a una auténtica regulación del sector, traspasando la responsabilidad a los municipios o a la iniciativa privada. Parece un intento de legalizar todo lo que hay, aunque no cumpla los requisitos exigibles, y así evitar una planificación que garantice el derecho a la educación de los niños y niñas de cero a tres años. Unos verán garantizada la vía educativa, otros serán asistidos y otros custodiados.

Ante estos hechos tan graves, la sociedad tiene que decir basta y exigir un cambio de modelo educativo que esté al servicio de todos los ciudadanos y que impulse el derecho a la educación y persiga la cohesión social. Un país rico en movimientos de renovación pedagógica, con una comunidad educativa muy activa, con un profesorado con una alta dosis de voluntarismo, no se merece una consejera ni una política educativa involucionista.

Joan Boada i Masoliver es portavoz del grupo parlamentario de IC-V