La ley de Castilla-La Mancha, recurrida

La propuesta de Chaves tiene una única referencia legal en España: el Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por otro de los barones del PSOE, José Bono, aplica desde el 1 de enero un impuesto, conocido como ecotasa que grava a las empresas contaminantes. Su continuidad, sin embargo, está en el aire; el Gobierno central anunció el pasado viernes, al termino del último Consejo de Ministros que recurrirá la ley autonómica que ampara el nuevo impuesto ante el Tribunal Constitucional.

La ecotasa castellano-manchega afecta a las emisiones a la atmósfera de compuestos oxigenados, tanto del azufre como del nitrógeno, la producción termonuclear de energía eléctrica, y el almacenamiento de residuos radioactivos. El Gobierno central justifica su recurso en el hecho de que la ecotasa vulnera el régimen constitucional de distribución de competencias al establecer un impuesto que grava una materia previamente gravada (el impuesto de actividades económicas) sin contar con la habilitación legal expresa.

La ley, aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha por la mayoría socialista, fija un tipo de gravamen que varía en función del volumen de emisiones. Las empresas que no superan las 1.000 toneladas al año estarán exentas de pago, de 1.000 a 50.000, pagaran 3.000 pesetas por tonelada, y si se superan las 50.0000, 3.500 pesetas por tonelada.

En el caso de la producción termonuclear de energía eléctrica, el tipo de gravamen será de 0,2 pesetas por kilovatio hora producido y para el almacenamiento de residuos radioactivos se pagara 100.000 pesetas por metro cúbico.

Según los cálculos del Ejecutivo regional, con este nuevo impuesto se prevé recaudar 3.000 millones de pesetas el primer año de vigencia de la ecotasa. Entre las empresas afectadas se incluyen el complejo industrial de Puertollano, (Ciudad Real), las centrales nucleares de Trillo y Zorita, en Guadalajara, y algunas cementeras. La patronal de Castilla-La Mancha se opone a este nuevo impuesto por entender que, al reducirlo al ámbito de una comunidad autónoma, se crean tensiones territoriales y penaliza el crecimiento del sector industrial en la comunidad.