La normativa valenciana de parejas de hecho enfrenta al PP con los obispos

La amistad entre el presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Eduardo Zaplana, y el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, no ha frenado la fuerte ofensiva de la Iglesia contra el proyecto de la ley de parejas de hecho, que está previsto que hoy aprueben las Cortes autonómicas con el apoyo de los diputados del Partido Popular.

Cuando aún están frescas las imágenes del presidente de la Generalitat junto a García-Gasco en la plaza de San Pedro, asistiendo a la beatificación de 226 mártires muertos en tierras valencianas durante la guerra civil, o la asistencia del arzobispo a la presentación en Madrid del libro de Zaplana El acierto de España, la buena sintonía personal entre ambos no ha evitado la lluvia de críticas vertidas por la Iglesia desde la etapa inicial del proyecto.

El propio García-Gasco fue el encargado de abrir la veda cuando manifestó su 'sorpresa y preocupación' ante el contenido del primer anteproyecto de la ley, a finales del año pasado. 'Todavía dependemos de algunas utopías marxistas a la hora de proyectar un modelo de sociedad para el siglo XXI', manifestó el arzobispo de Valencia, en una dura crítica del texto impulsado. 'Esos no son los caminos del verdadero progreso y bienestar de la sociedad', sentenció.

El sendero abierto por el prelado lo siguieron las asociaciones vinculadas al clero valenciano, controladas estrechamente por el arzobispado. Los foros de Familia y Vida de Castellón y Valencia, y las asociaciones y movimientos familiares de Alicante y Orihuela manifestaron que el proyecto de ley 'margina a los matrimonios y las familias'. Estas asociaciones elevaron varios grados la crítica. De la censura de García-Gasco se pasó a las amenazas. Consideraron que la ley es un 'gravísimo atentado contra el bien común, del que tomaríamos nota para nuestra intención de voto'. Los colectivos consideraron que el texto legal 'margina a los matrimonios y a las familias' porque pretende equiparar 'realidades totalmente distintas e incluso contrapuestas a la realidad conyugal y familiar'.

El último en sumarse ha sido el obispo de Segorbe-Castellón, Juan Antonio Reig Pla. En un llamamiento a los diputados católicos, el prelado les invita a no apoyar la ley que hoy se debatirá y advierte al PP de que el texto le pasará factura. Reig, en estos momentos de viaje por América Latina, quiso dejar patente su postura antes de partir y dejó una nota escrita que el lunes fue distribuida. En ella, además de arremeter con dureza contra la ley, se refiere a la reciente aprobación por parte del Ministerio de Sanidad de la píldora del día después, un contraconceptivo de emergencia que evita el embarazo. El obispo advierte que el PP 'deberá responder a la sociedad en un mañana no lejano' sobre estas decisiones, que calificó como los mayores errores del partido en su historia.

Ante la tensión causada por la campaña eclesial, el arzobispo de Valencia, García-Gasco, quiso ayer quitar hierro. A última hora de la tarde se lamentó de que se ha 'creado un clima de falso enfrentamiento entre la Iglesia y los homosexuales, y nada hay más lejos de la realidad'. Pese a ello, mantuvo la crítica de fondo: 'No es lo mismo el matrimonio que la mera unión de hecho'.

García-Gasco salió así al paso de las críticas suscitadas por el obispo de Castellón y vertidas por asociaciones de homosexuales y la totalidad de los patridos con representación parlamentaria, incluido el PP. El diputado de este partido Antonio Clamente pidió 'respeto' hacia el proyecto de ley y destacó que es peligrosa 'la intolerancia con las opiniones diferentes'. Por parte de Esquerra Unida, el diputado Ramón Cardona calificó el llamamiento al voto negativo de Reig de 'intento inadmisible de interferir en el poder público'. De igual forma, el diputado socialista Antonio Torres exigió al obispo que la misma fuerza que ha empleado contra la ley la utilice también a favor de la defensa de los más necesitados o de la gente oprimida. El Colectivo Lambda, una de las principales asociaciones de homosexuales, estudia llevar al obispo de Castellón a los tribunales por homofobia. Situó al prelado 'al margen de la Constitución por negar la igualdad ante la ley'.

Fruto o no de las críticas, lo cierto es que del proyecto se han eliminado aspectos que los diputados socialistas reclaman que vuelvan a recogerse. Uno de ellos es la desaparición de la referencia explícita que asimilaba las parejas de hecho homosexuales a las uniones uniones afectivas análogas a las conyugales (heterosexuales). El otro es la alusión que se hacía al artículo 39 de la Constitución, que alude a la protección a la familia.

La ley otorga a las parejas que acreditan una convivencia mínima de 12 meses los mismos derechos que al resto de los matrimonios en lo que respecta a las relaciones con la Administración autonómica. La ley afecta a los funcionarios -permisos o libranzas por motivos familiares, entre otros aspectos-, y a las subvenciones que concede la Generalitat. Sin embargo, el acceso a programas de adopción y la mayoría de los relativos a los impuestos quedan fuera de la ley, ya que son competencias de ámbito nacional.